PALMA, 2 de octubre. Esta semana, un funcionario del Consell de Formentera ha aportado revelaciones sorprendentes en el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial, donde se investiga la gestión del expresidente jaume Ferrer y otros miembros del gobierno insular relacionados con la aprobación de un decreto en 2009.

La declaración del técnico ha quedado registrada durante la sesión de este jueves, en la que se ha abordado cómo un decreto fue utilizado supuestamente para evadir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB). Esta sentencia exigía la demolición de varios locales comerciales que habían sido construidos en 2005 en una zona considerada de especial protección en Sant Ferran.

El proceso judicial, que comenzó el martes, se centra en la responsabilidad de Ferrer y otros exfuncionarios, entre ellos Bartomeu Escandell, exconseller de Promoción Económica y Territorio. Esta vista ha incluido la testimonianza de varios técnicos del Consell, mientras que algunas partes renunciaron a presentar testigos, incluyendo al exministro de Fomento José Blanco. El juicio podría concluir el próximo lunes, cuando se espera la declaración de los acusados y las conclusiones finales de las partes implicadas.

En relación a los locales comerciales en cuestión, el funcionario explicó que, a raíz del decreto de 2009, el terreno afectado no se incluyó en la protección BIC porque no cumplía con los criterios necesarios. La delimitación inicial de este bien de interés cultural, realizada en 1996, había fijado un perímetro de 250 metros alrededor de la iglesia de Sant Ferran.

El abogado defensor, representando a los acusados, cuestionó al testigo, quien recalcó que Ferrer y Escandell no formaban parte del equipo de gobierno que otorgó las licencias de construcción, dado que pertenecían a un grupo político diferente. Esta aclaración intenta desmarcar a los acusados de la responsabilidad directa en el otorgamiento de permisos ilícitos.

Los procesados se enfrentan a cargos de desobediencia, ya que, según la Fiscalía, ignoraron la resolución judicial que requería la destrucción de las instalaciones comerciales en la proximidad de la iglesia. Aseguran que, a través de la redefinición del área BIC, intentaron evitar la demolición. La pena que podrían recibir oscila en torno a los 5.400 euros, además de otros recursos legales presentados tras la sentencia del TSJIB.

Asimismo, un empresario ha denunciado que los acusados beneficiaron a terceros en la construcción de una rotonda en la carretera de Sant Ferran, añadiendo otra capa de complejidad a este caso que sigue suscitando inquietud en la sociedad balear.