El Tribunal Constitucional ha decidido avanzar en el análisis del recurso que fue presentado el pasado mes de marzo por un conjunto diverso de partidos políticos, incluidos PSOE, Sumar Més y Podemos, así como un destacado sector de la sociedad civil, en contra de la Ley de Simplificación Administrativa y las legalizaciones en terrenos rústicos relacionadas con esta normativa.

Según un comunicado emitido por el GOB Mallorca, el Tribunal ha dado luz verde a este recurso, desafiando la Ley balear 7/2024, que se centra en la simplificación administrativa y las implicaciones para la legalización de construcciones en suelo rústico.

La aprobación de esta ley en el Parlament generó una fuerte oposición, ya que numerosos colectivos sociales la calificaron como un ataque directo a principios fundamentales del derecho, además de ser una señal de retroceso en materia de protección del territorio y del medio ambiente. Bajo este contexto, el GOB Mallorca solicitó a las fuerzas políticas de la oposición que impulsaran la presentación del recurso a través de sus representantes en el Congreso.

Más de 50 diputados de los mencionados partidos, junto con un amplio espectro de la ciudadanía, se unieron para formalizar el recurso de inconstitucionalidad, fundamentado en sentencias previas del Tribunal Constitucional que abordan problemáticas similares a las planteadas por la legislación en cuestión.

El GOB ha destacado que la legalización de edificaciones y usos irregulares en suelo rústico es uno de los aspectos centrales argumentados en el recurso. Consideran que esta medida infringe el principio de igualdad ante la ley, afectando a la justicia social y a la equidad territorial.

Desde la organización ecologista han denunciado que la ley propone una especie de amnistía para las infracciones urbanísticas en terrenos no urbanos. Bajo el pretexto de regularizar construcciones menores, advirtieron del peligro de que grandes chalés ilegales aumenten de manera desproporcionada su valor, lo que consideran un reconocimiento a quienes han incumplido la normativa.

Además, apuntaron que la incorporación del denominado "silencio positivo" en el proceso de legalización se traduce en un retroceso significativo en las políticas ambientales.

La incertidumbre provocada por estas reformas en el ámbito técnico y jurídico se ve ahora acentuada con la admisión del recurso, un eco de las preocupaciones planteadas por el GOB, que ha criticado al Gobierno de Marga Prohens por intentar ocultar estas regulaciones bajo la apariencia de un Pacto por la Sostenibilidad.

El GOB también ha lamentado que, mientras la sociedad civil se reunía para discutir mejoras ante la crisis actual, el Gobierno ha optado por modificar las reglas del juego a través de decretos leyes, favoreciendo a sectores privilegiados a expensas del interés común.

“El Pacto por la Sostenibilidad se ha convertido en una mera estrategia comunicativa”, afirmaron desde el GOB, manifestando su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de revisar la ley de simplificación balear.

Las entidades que han respaldado el recurso, que incluyen organismos como GOB de Mallorca, Menorca e Ibiza, la asociación Amics de la Terra, así como diversas organizaciones sociales y vecinales, esperan que el fallo del Tribunal brinde una oportunidad para frenar la tendencia a desregular el territorio mediante decretos que han sido el sello distintivo del actual Gobierno.