El Partido Popular (PP) ha manifestado su preocupación por la situación del sinhogarismo, pero se ha opuesto a la nueva ley presentada por Unidas Podemos, argumentando que se trata de un "discurso ideológico" y no una solución práctica a la problemática.

Por su parte, los representantes de Vox han criticado la propuesta, señalando que el amplio catálogo de prestaciones que se pretende implementar podría incentivar a las personas a abandonar sus hogares y optar por la calle en lugar de buscar soluciones más sostenibles.

En la última sesión del Parlament, la proposición de ley para combatir el sinhogarismo, promovida por Unidas Podemos, no logró el respaldo necesario. La votación se saldó con 31 votos en contra, provenientes del PP, Vox y algunos diputados no adscritos, en contraste con los 23 votos a favor provenientes de la oposición izquierdista.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha defendido la propuesta, enfatizando que su intención no es estigmatizar a las personas sin hogar, sino reconocer sus derechos y la necesidad de protegerlos. Según ella, es fundamental que los espacios ofrecidos por los consells insulares y los ayuntamientos sean dignos para quienes más lo necesitan.

Gómez ha señalado que la realidad en Mallorca es alarmante, mencionando a grupos de personas que se encuentran viviendo en lugares inapropiados, como el aeropuerto de Palma o en la antigua prisión de la ciudad, donde cerca de 600 individuos carecen de un hogar estable.

La diputada se mostró decepcionada con el PP por su negativa a dejar que el tema se debatiera en el pleno, a la vez que criticó al Govern por haber debilitado el pacto social, particularmente después de su acuerdo con Vox. Gómez argumentó que durante los últimos dos años se había discutido la ley en reuniones de trabajo, y que la urgencia por abordar este asunto sigue siendo creciente.

Omar Lamin, diputado del PSOE, expresó su pleno apoyo al objetivo de la ley, la cual considera innovadora y esencial para abordar una de las facetas más severas de la exclusión social. Lamin aseguró que recurrir a excusas relacionadas con adicciones o problemas de salud no debe justificar la falta de acción, ya que muchas de estas problemáticas resultan del sinhogarismo mismo.

El legislador argumentó que la escasez de vivienda asequible es una de las principales razones del aumento del sinhogarismo y criticó las políticas habitacionales del Govern. Afirmó que, para ser efectivo, cualquier pacto por la inclusión social debe alinearse con la ley propuesta, ya que la situación actual lejos de mejorar, se ha hecho más aguda.

La diputada ecosoberanista Marta Carrió también se mostró a favor de la proposición, catalogándola como una respuesta necesaria y coherente con estrategias a nivel europeo. Carrió resaltó que el último censo nocturno reflejó que 1.084 personas en Palma se encuentran en situación de sinhogarismo, lo que supera con creces la media nacional.

La legisladora insistió en la urgencia de establecer una normativa que aborde todas las facetas del sinhogarismo y subrayó la necesidad de entender las causas del aumento de la precariedad habitacional, en especial la dificultad de acceso a la vivienda.

Respecto al pacto por la inclusión social, Carrió cuestionó la posición del PP, preguntando por qué su postura ha cambiado desde que firmaron el acuerdo hasta la actualidad, donde se niegan a abordar la ley. Maria de Lluc Fornas, del PP, defendió que su grupo está preocupado por los desamparados, pero consideró que la propuesta es “incongruente” y un mero “discurso ideológico”.

Fornas criticó la idea de incrementar las ayudas sociales, argumentando que perpetúa la dependencia en lugar de promover un modelo real de integración laboral y social. Esta crítica se centró también en la falta de consenso con entidades y administraciones para proponer soluciones viables.

Unidas Podemos, a través de su iniciativa, pretende abordar diversas categorías de sinhogarismo. Esta ley no solo busca eliminar la discriminación hacia aquellos que viven en la calle, sino también garantizar programas de formación y concienciación para los funcionarios que gestionarán los servicios.

Entre las medidas contenidas en la ley se incluye la obligación de que las administraciones locales inscriban a las personas sin hogar en los registros municipales y se plantean diferentes metodologías para abordar este problema. La propuesta de ‘housing first’, que prioriza el acceso directo a vivienda, se considera un enfoque más eficaz que la tradicional escalera de servicios.

Además, la iniciativa aborda los temas de género al proponer un enfoque interseccional, consciente de que las mujeres en situación de calle enfrentan peligros adicionales, incluyendo agresiones físicas y sexuales. Esto ha sido destacado por Gómez para subrayar la complejidad del fenómeno del sinhogarismo.

Finalmente, María José Verdú, de Vox, se opuso firmemente a la ley, calificándola como una forma de intervención social que representa un intento de la izquierda por cambiar estructuralmente la sociedad balear. Expresó que si la ley se enfocara realmente en mejorar la atención a estas personas, podría quizás contar con el apoyo de su partido, pero subrayó que lo que se propone es una manipulación ideológica en lugar de una solución práctica.