PALMA, 6 de noviembre. En una reciente sesión, el Parlament ha instado al Govern a asegurar la "gratuidad real" en los centros educativos concertados, eliminando la posibilidad de que se exijan cuotas obligatorias, ya sea de manera directa o encubierta. Además, se pretende establecer mecanismos que garanticen que cualquier aporte realizado por las familias sea completamente voluntario y que no condicione el acceso a ninguna institución.

Esta propuesta formó parte de la proposición no de ley (PNL) presentada por el diputado del PSIB, Àlex Pitaluga, durante su intervención en la Comisión de Educación y Universidades, la cual fue aprobada en términos generales.

Entre los puntos que lograron respaldos en la comisión destaca la importancia de combatir la segregación escolar. Se hace un llamado a implementar un "reparto equitativo" del alumnado entre los centros públicos y concertados, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades y la cohesión social en las Islas Baleares.

Asimismo, el Parlament solicitó al Govern que emita anualmente un informe detallado sobre la realidad social de los centros educativos. Este informe debe incluir datos como el porcentaje de alumnado extranjero, aquellos con necesidades educativas especiales y quienes reciben becas de comedor, para asegurar la transparencia y el control sobre las políticas diseñadas para erradicar la segregación escolar.

La iniciativa recibió el apoyo de todos los partidos presentes en la comisión, a excepción de Vox. Sin embargo, varios puntos clave no lograron avanzar, quedando bloqueados por los votos de PP y Vox. Esto incluyó la propuesta para igualar la distribución de alumnado con necesidades especiales y recién llegado entre ambos tipos de centros, en busca de prevenir la formación de "guetos escolares".

Adicionalmente, se desestimó una medida que habría impedido la aplicación de criterios de admisión escolar, como la preferencia por antiguos alumnos y la zona única de escolarización en Palma, que son considerados factores que concentran a alumnado vulnerable en las instituciones públicas, incrementando la segregación.

También se rechazó la creación de un mecanismo específico para la matrícula viva que asegure un reparto equilibrado de alumnado que se inscriba fuera de tiempo, evitando que esta carga recaiga únicamente sobre centros públicos y extendiendo también a los concertados.

Durante la misma reunión, se discutió otra PNL respaldada en su totalidad por la diputada del PP, Ana Isabel Curtó, que busca establecer una normativa autonómica para regular los procesos de selección del personal docente. Con el apoyo unánime de PP y Vox, junto a la abstención de otros grupos, el Parlament requirió que la Conselleria de Educación elabore y promueva esta normativa que garantice "agilidad y transparencia" en los concursos de traslado, así como en la provisión de puestos de trabajo.

La propuesta incluye también la necesidad de establecer una regulación "clara" sobre cómo deben formar y funcionar los tribunales de oposiciones. Esto tiene como finalidad proporcionar un marco de "seguridad jurídica" y condiciones equitativas para todos los candidatos, logrando la aprobación unánime de este punto.

Finalmente, se hace hincapié en la necesidad de subsanar las "deficiencias históricas" que han afectado a los procesos en el ámbito del personal docente, así como en poner en marcha una base legal que permita avanzar hacia un sistema educativo "más estable y transparente", comprometiéndose así a mejorar la gestión actual y a evitar los errores del pasado, con el respaldo de PP, Vox y MÉS per Mallorca, mientras que otros grupos decidieron abstenerse.