En una jornada marcada por la reivindicación de mejoras en el sistema de salud, la Conselleria de Salud ha elevado su voz ante el Ministerio de Sanidad para solicitar una revisión urgente de los criterios de reparto de fondos destinados a la atención primaria en Baleares, criterios que no se actualizan desde 2009.

En este sentido, la consellera Manuela García ha expresado su preocupación durante la sesión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, denunciando que la asignación presupuestaria para las Islas lleva años estancada, sin ajustes acordes a las necesidades actuales.

Es especialmente alarmante que los 172 millones de euros destinados por el Ministerio para la atención primaria en las Islas apenas representen un insignificante porcentaje del presupuesto autonómico, traduciéndose en apenas 3,65 euros por habitante.

Además, García ha hecho hincapié en la falta de transparencia en los criterios de ponderación, destacando que la población infantil recibe un trato desigual en comparación con las personas mayores, lo cual resulta inaceptable en un sistema supuestamente equitativo.

La consellera también ha cuestionado la forma en que se valoran aspectos como la insularidad y la dispersión territorial, considerando que las actuales directrices perjudican a Baleares en comparación con otras regiones. El nuevo plan de atención primaria presentado por la ministra Mónica García ha sido calificado como insuficiente y carente de soluciones reales.

En un contexto donde la escasez de profesionales sanitarios es alarmante, García ha denunciado la falta de compromiso político para abordar este problema, evidenciado por la escasa inversión en nuevas plazas para futuros médicos de familia. La autonomía de Baleares, una de las que más contribuye al sistema, se ve marginada en términos de recursos y apoyos por parte del Gobierno central.

En definitiva, la falta de respuesta efectiva a las demandas de mejora en la atención primaria en Baleares evidencia una clara falta de voluntad política por parte de las autoridades sanitarias, dejando en evidencia la desigualdad en la distribución de recursos y la insuficiencia de medidas concretas para abordar los problemas reales del sistema de salud.