La Consellería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de Baleares ha expresado su desacuerdo con el traslado de dos menores migrantes no acompañados, argumentando que el sistema de acogida enfrenta una grave "sobreocupación" y carece de la documentación necesaria. Esta oposición resuena en un contexto donde el Gobierno balear se encuentra en una situación crítica, ya que hay más de 700 menores bajo su tutela, lo que representa una ocupación desbordante, que supera el 1.000% de su capacidad.

En un comunicado oficial, la Consellería destacó que actualmente dos de cada tres menores en el sistema de protección son migrantes, lo que complica la posibilidad de brindar una atención que respete y garantice los derechos de todos los niños y adolescentes tutelados. Este problema ha sido reconocido también a nivel estatal, en el marco de la reciente declaración de emergencia migratoria, lo que ha llevado a la Administración local a concluir que no se pueden realizar nuevas derivaciones de menores.

Además, en las alegaciones presentadas, la Consellería señala que el procedimiento para el traslado vulnera la legalidad establecida en el Real Decreto 658/2025, ya que no se han completado los trámites necesarios con la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Denuncian también que falta información crítica sobre la situación personal y familiar de los menores y que no se han seguido los protocolos de protección y repatriación estipulados por la normativa actual.

Con respecto a los recursos legales, la Consellería ha interpuesto varios contra los decretos estatales relacionados con la acogida de menores migrantes. Entre ellos, se encuentra el Real Decreto-ley 2/2025, que modifica la Ley de Extranjería para implementar medidas urgentes ante contingencias migratorias; así como el Real Decreto 658/2025, que establece los procedimientos de acogida y distribución de menores no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas. También, han recurrido al Real Decreto 743/2025, que limita la capacidad del sistema de protección en Baleares a 406 plazas, una cifra que el Gobierno considera insostenible.

El Govern ha reafirmado su compromiso con la protección de la infancia y el interés superior de los niños, pero insiste en la necesidad de que la respuesta a la emergencia migratoria sea solidaria, equilibrada y conforme a las capacidades reales de cada territorio. Asimismo, hacen un llamado al Estado para que ejerza sus competencias de manera efectiva y ofrezca soluciones que puedan abordar esta situación crítica de forma adecuada.