PALMA, 17 de enero. En una decisión que refleja el creciente clamor social por una industria más sostenible y responsable, el Consell de Govern ha dado un paso significativo al aprobar un decreto ley que prohíbe la creación de macrogranjas avícolas con capacidad para más de 160.000 gallinas. Esta medida llega tras la decisión de archivar el proyecto de la macrogranja de Sineu, que planeaba criar la asombrosa cifra de 750.000 aves.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, informó sobre esta trascendental decisión durante una rueda de prensa celebrada el viernes, donde reconoció que la norma responde a las crecientes preocupaciones expresadas por la ciudadanía en relación con el controvertido proyecto de Sineu. Este tipo de instalaciones ha suscitado un intenso debate en la comunidad, agravado por su proximidad a áreas urbanas.

El decreto ley, que será presentado al Parlament en un plazo máximo de 30 días, cuenta, según ha adelantado Simonet, con el respaldo de los diputados de MÉS per Mallorca. Esto supone un respaldo político que refuerza la intención de que las nuevas regulaciones se implementen con prontitud.

Además de la prohibición de las macrogranjas que excedan el límite de 160.000 gallinas, el Ejecutivo ha planteado la necesidad de establecer restricciones adicionales en función de la ubicación de estos proyectos. Concretamente, las macrogranjas que tengan entre 20.000 y 40.000 gallinas deberán estar ubicadas a un mínimo de dos kilómetros de cualquier zona residencial, mientras que las de hasta 60.000 aves deberán ubicarse al menos a cuatro kilómetros y las que lleguen a las 160.000 gallinas, a no menos de seis kilómetros de distancia.

“Nuestra aim es garantizar que la producción avícola se mantenga a la par que se protegen tanto los recursos naturales como la salud y bienestar de las comunidades urbanas”, aseveró Simonet, subrayando la importancia de equilibrar la actividad económica con el respeto al medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

El conseller clarificó que el impulso de este decreto ley fue generado por las claras “demandas sociales” en torno al proyecto de la macrogranja de Sineu, cuya proximidad al municipio había despertado el rechazo popular. Este proyecto en particular incluía no solo la crianza de 750.000 gallinas, sino que también planeaba manejar los residuos de otras 220.000 aves de diferentes granjas, lo que avivó aún más las preocupaciones sobre el impacto ambiental y la salud pública.

El Gobierno balear ha decidido archivar el procedimiento de autorización ambiental para esta macrogranja, basándose en un informe que indicaba que no cumplía con las normativas urbanísticas del Ayuntamiento de Sineu. Esta acción pone de manifiesto un compromiso claro por parte de las autoridades regionales para priorizar la salud colectiva y la sostenibilidad territorial.

Simonet también se manifestó sobre la situación legal de la iniciativa, indicando que el reciente anuncio no implicará “inseguridad jurídica” para los promotores de la macrogranja, ya que se ha tomado después de que su proyecto haya sido oficialmente archivado. En este sentido, clarificó que desconoce si los promotores tienen intención de presentar un nuevo proyecto adaptado a las nuevas normativas, o si existen otras propuestas de tamaño similar en las Islas Baleares.

En Mallorca actualmente operan 17 granjas dedicadas a la producción de huevos, cuatro que se dedican a la cría de aves de carne y alrededor de 3.000 granjas de menor escala destinadas al autoconsumo. La mayor instalación en la isla se encuentra en Manacor, con unas 135.000 aves, mientras que el censo total de gallinas en Mallorca asciende a 400.000.

La base de esta iniciativa es una normativa europea enfocada en las emisiones y en gestionar el impacto ambiental de las actividades ganaderas, considerando que las macrogranjas pueden ser altamente contaminantes. El Govern de les Illes Balears también ha tomado nota de ejemplos de otras comunidades autónomas en las que se han implementado regulaciones similares.

Finalmente, el Govern ha enfatizado que la decisión de establecer límites para las macrogranjas avícolas intensivas responde a la creciente “debilidad del territorio”, la escasez de recursos y el impacto ambiental que estas explotaciones pueden provocar. Con este paso, el objetivo es asegurar la vitalidad del medio rural y reivindicar el valor de la agricultura y la ganadería, en línea con lo que promulga la ley agraria de Baleares, buscando un desarrollo equilibrado y sostenible para el futuro del archipiélago.