PALMA, 24 de julio.

El magistrado Gabriel Oliver ha asumido recientemente la presidencia de la Audiencia Provincial de Palma, marcando como una de sus principales metas el desarrollo de "soluciones creativas" para abordar el creciente volumen de trabajo en los tribunales de Baleares.

En una conferencia de prensa celebrada este jueves, Oliver destacó su compromiso con esta labor tras ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), poniendo fin a casi dos años de presidencia interina.

El nuevo presidente se mostró consciente de la realidad de los órganos judiciales y, aunque se expresó con modestia sobre los objetivos que se plantean, reiteró la necesidad de implementar enfoques innovadores para enfrentar la saturación en varias secciones de la Audiencia, con el fin de mejorar la velocidad en la resolución de casos.

Entre las opciones que se han explorado recientemente, destaca la posibilidad de que la Sección Segunda de la Audiencia, encargada de los temas penales, se dedique exclusivamente a la celebración de juicios durante una temporada. Esto facilitaría una descongestión necesaria ante la creciente carga de trabajo.

Aunque Oliver admitió que la Sección Segunda enfrenta una situación de "colapso" notable, afirmó no contar aún con información suficiente para decidir sobre las estrategias a seguir, ya que no ha tenido la oportunidad de analizar la propuesta presentada por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El magistrado subrayó que el aumento en la carga de trabajo no es exclusivo de Baleares, sino que se observa en diversos puntos de España. "Ha sido muy evidente en el último tiempo y, en ocasiones, insostenible. Todos compartimos la preocupación por los retrasos en la resolución de los asuntos", comentó.

En particular, para el archipiélago, Oliver advirtió sobre el "problema muy grave" que representa el aumento de las cargas laborales en las jurisdicciones civil y penal, señalando que este fenómeno podría estar directamente vinculado al crecimiento poblacional.

Este factor, destacó, es crucial a la hora de evaluar los recursos humanos disponibles en el sistema judicial y buscar formas de abordar esta problemática de manera efectiva.