En la jornada del 22 de julio en Palma, la directora general de Movilidad ha sugerido la necesidad de investigar la viabilidad jurídica para establecer una normativa de transporte en el ámbito autonómico. Esta propuesta surge en un contexto de creciente tensión entre el sector de la distribución y el gobierno de Baleares.

La Asociación de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED) ha decidido organizar una manifestación de camiones como respuesta a la cascada de sanciones que han afectado a los repartidores en la región. Según el presidente de ADED, Bartolomé Servera, esta medida se ha tomado tras una asamblea que tuvo lugar recientemente.

La intención es presentar formalmente la solicitud para la manifestación ante la Delegación del Gobierno en Baleares. Aún están definiendo la fecha y el recorrido de la protesta, que podría realizarse a principios de agosto, dependiendo de la rapidez con la que se otorgue el permiso.

Servera ha señalado que hay apertura a cancelar la manifestación si las negociaciones con el Gobierno autonómico se muestran fructíferas. Sin embargo, ha manifestado que, en caso de que las conversaciones no avancen, los distribuidores no descartan la opción de interrumpir la distribución de productos, a pesar de que él mismo no está de acuerdo con esta medida radical.

El presidente de ADED espera poder reunirse pronto con la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para discutir el tema y buscar soluciones viables.

Una de las principales inquietudes que ha planteado Servera es la necesidad de que la administración revise la cantidad de sanciones impuestas a los distribuidores, quienes a menudo deben exceder el peso permitido para realizar sus labores, debido a la escasez de conductores con las licencias necesarias para camiones de mayor capacidad.

Las sanciones, aunque históricamente han existido, han adquirido una intensidad sin precedentes, lo que Servera califica como una "persecución" hacia el sector. Este creciente conflicto ha llevado a la Asociación a buscar un diálogo constructivo con el Gobierno.

En una reciente conversación, del Valle se mostró dispuesta a explorar la posibilidad de implementar una normativa específica para el transporte en Baleares, a través de un decreto o una nueva ley. La directora enfatizó la importancia de obtener un consenso entre todas las fuerzas parlamentarias, un objetivo al que Servera también se comprometió.

Desde ADED, la perspectiva sobre la regulación del sector es positiva, aunque son cautelosos y esperan conocer los detalles de cualquier texto legislativo que se presente.