En un mensaje contundente que resuena con los desafíos del sector turístico, el CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha celebrado la reciente sanción de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a Airbnb. Esta medida se considera un paso vital en la lucha contra la comercialización de ofertas ilegales en la industria del alojamiento.

Durante un evento organizado por el Ayuntamiento de Calvià, Escarrer subrayó la importancia de la legalidad en el sector y recordó que la plataforma de alquiler vacacional había sido advertida en múltiples ocasiones sobre las irregularidades en su funcionamiento. “En diciembre de 2024 ya se les notificó que no podían operar con ofertas ilegales”, señaló, enfatizando la impunidad que había prevalecido hasta ahora.

El empresario no se detuvo en Airbnb; amplió su visión al señalar que España enfrenta un desafío mayor con la ilegalidad en diversas áreas, no solo en el alquiler vacacional, sino también en negocios como los 'party boats', taxis no autorizados y guías turísticos sin las credenciales necesarias. “Este problema nos quita competitividad. Es esencial que todos nos ajustemos a un marco normativo que garantice la legalidad”, afirmó con firmeza.

La sanción, anunciada por el Ministerio de Derecho Sociales y Consumo, pone de manifiesto las infracciones cometidas por Airbnb, entre ellas la promoción de alojamientos sin la debida licencia, en clara violación de las regulaciones locales que requieren la inclusión de un número de registro en los anuncios. Esta resolución es definitiva y cierra la vía administrativa tras resolver un recurso presentado antes el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.

La empresa deberá también rectificar los errores identificados y eliminar el contenido violatorio, cumpliendo con las órdenes del Ministerio. En total, se encontraron 65.122 anuncios que incurrían en prácticas desleales hacia los consumidores, lo que acentúa la necesidad de un mercado transparente y regulado.

Desde el Ministerio, se ha señalado que muchos de estos anuncios presentaban licencias fraudulentas o carecían de información adecuada sobre la naturaleza del anfitrión, lo que constituyen claros ejemplos de publicidad engañosa. La penalización impuesta, que asciende a 64.055.311 euros, corresponde a seis veces el beneficio ilegal que habría conseguido Airbnb a través de estas prácticas, subrayando la urgencia de un cambio estructural en el sector.