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Denuncian posibles eutanasias clandestinas de gatos en refugio de Mallorca.

Denuncian posibles eutanasias clandestinas de gatos en refugio de Mallorca.

PALMA, 26 de septiembre. Activistas de la Organización de Defensa de los Derechos de los Animales (ODDA) han expresado serias preocupaciones sobre la posible realización de eutanasias ilegales en gatos en el Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD), conocido como Natura Parc, en Llucmajor, Mallorca.

A través de un comunicado, ODDA ha hecho eco de unos alarmantes informes en el marco del Plan Captura, Esterilización y Retorno (CER). La organización ha decidido emprender acciones legales para investigar la situación y que se asuman responsabilidades por los eventuales hechos irregularidades.

Los incidentes se revelaron cuando voluntarios que cuidan de colonias felinas en Llucmajor alertaron a ODDA sobre el destino de cuatro gatos que fueron llevados al Natura Parc para ser esterilizados, de los cuales solo dos regresaron a su lugar de origen.

De acuerdo con la persona que se encargó del transporte de los gatos, los otros dos felinos fueron sacrificados tras dar positivo en un test de leucemia felina. No obstante, el vicepresidente de ODDA y veterinario, Jordi Garrigós, ha afirmado que un simple resultado positivo no justifica la eutanasia, ya que muchos gatos pueden vivir largos períodos sin presentar síntomas clínicos.

“Si se confirman estas acusaciones, estaríamos ante una violación grave de la Ley de Bienestar Animal”, ha declarado Garrigós.

El 21 de agosto, representantes de ODDA mantuvieron una reunión con autoridades del Ayuntamiento de Llucmajor y del propio CEPAD para discutir la situación. Durante este encuentro, se recordó la importancia del artículo 27 de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, que prohíbe expresamente el sacrificio de animales en centros como el CEPAD, a menos que existan justificaciones muy específicas.

ODDA sostiene que, si se confirma la situación descrita, las supuestas eutanasias habrían ocurrido contraviniendo la ley. Además, la organización plantea la hipótesis de que puede haber intereses económicos detrás de estas decisiones, dado que los costes asociados a pruebas víricas, eutanasia e incineración son más altos que los de una simple esterilización.

Por ello, la organización ha instado a los municipios que mantienen convenios con el CEPAD a reforzar la vigilancia sobre la atención que se brinda a los animales y recordar la prohibición de cualquier sacrificio sin las debidas garantías legales, evitando así convertirse en cómplices de posibles irregularidades.

“No podemos permitir que la vida de los gatos comunitarios esté en riesgo por protocolos internos que contravienen la legislación vigente. Lucharemos hasta el final para asegurar justicia y respeto hacia todos los animales”, ha asegurado Garrigós.