PALMA, 5 de mayo. Este lunes, un grupo de 39 personas ha decidido aceptar penas que oscilan entre dos y siete años de prisión, en lo que representa la primera jornada de un destacado macrojuicio relacionado con un caso de narcotráfico en Mallorca. Este proceso involucra a aproximadamente 50 individuos y se considera una de las operaciones antidroga más significativas llevadas a cabo en la isla.

El juicio ha comenzado en la Audiencia Provincial de Palma, donde se ha implementado un exhaustivo dispositivo de seguridad que ha requerido la habilitación de dos salas para llevar a cabo las sesiones de manera simultánea, en un esfuerzo por gestionar la presencia de los acusados y sus abogados.

Gracias a un acuerdo alcanzado con la Fiscalía, la mayoría de los implicados han visto reducidas tanto sus penas como las multas asociadas, que en algunas ocasiones llegaban a los cinco millones de euros. El proceso judicial continuará este martes, centrándose en el resto de acusados que aún no han llegado a un acuerdo.

Durante la audiencia, el fiscal Julio Cano ha realizado preguntas clave a los acusados, asegurándose de que cada uno comprendiera las acusaciones que enfrentaban y la pena en la que habían convenido. Los acusados, tras analizar su situación con sus defensores, han respondido afirmativamente, reconociendo su participación en la red criminal.

Las 39 personas han admitido ser parte de una organización bien estructurada que se dedicaba a la introducción de grandes cantidades de cocaína y MDMA en Mallorca. Según el Ministerio Público, esta banda operó con una notable solidez tanto en su estructura logística como personal entre octubre de 2022 y octubre de 2023, hasta su desmantelamiento en una extensa operación policial que llevó a la incautación de 1.500 kilos de cocaína.

La Fiscalía ha identificado que el grupo delictivo contaba con tres ramificaciones, situadas en la Península, específicamente en Barcelona y Valencia, y una tercera en Mallorca. Para llevar a cabo su actividad, la organización reclutaba a camioneros profesionales, quienes utilizaban su labor de transporte de mercancías legales como fachada para el traslado de drogas traídas desde Sudamérica, realizando incluso hasta dos envíos semanales.

Una vez en la isla, la sustancia ilegal era distribuida entre narcotraficantes o directamente en puntos de venta. Inicialmente, la Fiscalía había solicitado penas que acumulaban más de 400 años de prisión en total para los implicados en esta compleja red de narcotráfico.