PALMA, 11 de noviembre.

El profesor de Derecho Civil Sergio Nasarre ha llamado la atención sobre una tendencia alarmante en España: desde 2007, el porcentaje de propietarios de vivienda ha disminuido en aproximadamente un 7%, una situación que podría profundizar las desigualdades sociales en el país.

Nasarre inauguró el martes por la tarde las jornadas tituladas 'El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares', organizadas por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, donde presentó su ponencia 'Éxitos y fracasos en la política de vivienda'.

A lo largo de su exposición, el académico, reconocido por su libro 'Los años de la crisis de la vivienda', ofreció diversos datos extraídos de informes y estudios que ilustran la crisis habitacional actual. Remarcó que la reducción del 7% en la propiedad de viviendas, que ha dejado la tasa en cerca del 73%, conlleva un incremento de la desigualdad social.

“La propiedad privada no se desvanecerá, pero cuando los sectores más vulnerables no pueden comprar, otros lo hacen en su lugar: grandes patrimonios, fondos de inversión o extranjeros, pues tienen la capacidad económica para hacerlo”, enfatizó Nasarre.

Según él, esta situación conduce a una mayor concentración de la propiedad del suelo, una consecuencia de las políticas implementadas en años recientes. A modo de comparativa, el académico mencionó que en los países nórdicos, donde la propiedad de la vivienda es menos común, se dan mayores desigualdades en comparación con el sur de Europa y el Báltico, donde una mayor proporción de familias son propietarias de sus hogares.

“¿Es algo positivo que hayamos visto una caída de siete puntos en la tasa de propietarios? Claro que no, es devastador, ya que solo contribuye al aumento de la desigualdad entre las familias. Nos estamos acercando a niveles de fracaso”, resaltó.

Mientras las tasas de propiedad disminuyen en España, los precios de la vivienda han continuado su ascenso desde la reforma de 2013 hasta la actual legislación de 2023. “Si los precios de la vivienda suben mientras la tasa de propiedad baja… simplemente pidan que no se implementen más leyes”, recomendó Nasarre.

Además, el profesor presentó datos que revelan un problema considerable: el 11% de los compradores son entidades jurídicas y el 14% son extranjeros, cifra que se eleva al 31% en Baleares, lo que agudiza el conflicto habitacional. “La misma dinámica se reproduce en el mercado del alquiler, donde cada nueva ley parece empujar los precios hacia arriba y la oferta hacia abajo”, advirtió.

Nasarre fundamentó sus afirmaciones en un exhaustivo estudio realizado por el académico Konstantin Kholodilin, que expone las consecuencias del control de los precios del alquiler. De los efectos identificados, solo uno es favorable: la disminución de precios de la vivienda. Los demás son negativos: menor movilidad laboral, aumento en la propiedad de la vivienda que no beneficia a quienes realmente necesitan comprar, disminución en la construcción, deterioro de inmuebles bajo control estatal y un aumento en precios en áreas donde no se limitan los alquileres.

El catedrático también destacó casos de Catalunya, donde la reciente regulación para el alquiler no ha reducido los precios y ha ocasionado que se ofrezcan viviendas más pequeñas a precios más bajos, pero no necesariamente accesibles.

Nasarre criticó la forma en que se aborda el fenómeno de la turistificación, sugiriendo que hay mucho ruido mediático y escasos estudios académicos que justifiquen su impacto real sobre los precios de la vivienda. En relación a la ocupación, explicó que ciertos artículos de la ley estatal de vivienda parecen legitimar esta práctica, argumentando que mientras se especule con un inmueble vacío, es más justificable que alguien lo use para vivir.

El académico consideró que estos artículos pueden ser inconstitucionales, pero lamentó que los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional no aborden este tema específicamente, lo que limita la posibilidad de un pronunciamiento.

En la apertura de las jornadas, que tuvieron lugar en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib), asistieron importantes figuras como el director general de Vivienda y Arquitectura del Gobierno balear, José Francisco Reynés, y el regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo.

Reynés, durante su discurso inaugural, reconoció que el acceso a la vivienda es un desafío crucial que enfrenta la ciudadanía, una problemática que se deriva de múltiples factores como el aumento poblacional, los altos costes de producción y la creciente presión del alquiler turístico, además de la “falta de políticas efectivas” en legislaturas anteriores.

“Desde que asumimos responsabilidades, nuestra meta ha sido garantizar más viviendas asequibles para los residentes”, declaró el director general. Fidalgo coincidiendo con este diagnóstico, destacó que el reto de la vivienda en Palma es de naturaleza estructural.

“Estamos creciendo a un ritmo más acelerado de lo que se ha planificado hasta ahora. El acceso a la vivienda se ha vuelto un desafío, y es clave que la gestión pública avance con eficacia”, afirmó el regidor.

Ante una proyección que podría llevar la población de Palma a 500.000 habitantes para 2040, insistió en que se necesita una previsión y planificación realista para abordar el inminente aumento de la demanda y la presión sobre el suelo.

“El verdadero reto no es solo crecer, sino hacerlo con una planificación adecuada que esté a la altura de nuestra realidad”, subrayó Fidalgo.

Aunque destacó la concentración de viviendas de lujo y el aumento de precios en el sector como factores que contribuyen a la crisis habitacional, también resaltó los esfuerzos que se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento y el Gobierno. “Ya no solo hablamos de vivienda, estamos empezando a construir vivienda. Estamos en el camino correcto. No nos pongamos límites, y enfrentemos los fracasos con perseverancia”, concluyó.

La vicedecana del Icaib, Carmen López, también se pronunció sobre las consecuencias de la crisis habitacional que enfrentan los abogados, como la dificultad de resolver custodias de hijos en divorcios por la falta de viviendas adecuadas para ambos padres.

Asimismo, hizo hincapié en los casos de ocupación que afectan tanto a quienes no pueden acceder a un hogar digno como a aquellos que están viendo cómo sus propiedades son invadidas. “El drama habitacional es un fenómeno que se vive en toda España, pero en las Islas, sus repercusiones son multiplicadas”, sentenció López.