
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reconocer la "excepcionalidad" de Baleares en el reparto de menores no acompañados, durante una semana cargada de tensiones políticas.
MADRID, 22 Jul.
La dirigente balear ha solicitado explicaciones a Sánchez luego de que se le citara como testigo en la investigación que involucra a su esposa, Begoña Gómez. Además, Prohens ha criticado al presidente por no poder hablar de "regeneración democrática" mientras persisten informaciones que lo señalan por presunta corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
"Es inadmisible hablar de regeneración democrática cuando tienes a tu esposa siendo investigada y se apunta a tu posible implicación en delitos", expresó Prohens a los medios antes de una reunión del Partido Popular en Madrid.
La presidenta del Govern resaltó la importancia de que se aclaren los hechos y se brinden explicaciones tras la imputación de la esposa del presidente y su próxima comparecencia ante el juez.
En otro contexto, Prohens ha vuelto a hacer hincapié en la necesidad de que el Gobierno considere la situación particular de las Islas Baleares en la reforma de la Ley de Extranjería. Según ella, el aumento del 50% en la inmigración irregular en comparación con el año pasado precisa de medidas adaptadas a la realidad de la región.
La mandataria balear ha señalado que, aunque están dispuestos a colaborar en el reparto de menores no acompañados, es fundamental que se respete la situación única de Baleares y que no se impongan decisiones de manera unilateral. Argumentó que la isla está enfrentando una importante ola de inmigración irregular, fruto de la política internacional errática de Sánchez y el Gobierno español con Argelia.
Respecto a la posible abstención del PP en la reforma de la Ley de Extranjería, Prohens destacó la importancia de considerar las circunstancias específicas de cada comunidad autónoma. Señaló que por el momento, Baleares no se siente representada en el documento y reiteró que las competencias de inmigración corresponden al Gobierno central, el cual debe asumir la responsabilidad de sus decisiones en materia migratoria.
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