PALMA, 17 de julio. En un giro significativo en la gestión de la migración en Baleares, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido la postura de las comunidades autónomas dirigidas por el PP, que este martes decidieron no asistir a la conferencia sectorial liderada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La reunión, que tenía como objetivo discutir el reparto de menores migrantes no acompañados, fue cancelada debido a la falta de representación adecuada.

Durante una rueda de prensa, Prohens argumentó que esta acción es una respuesta a la forma en que el ejecutivo central, en su opinión, ha estado manejando la situación sin la debida consideración hacia las comunidades autónomas. “Nos han dejado sin más opción que este tipo de protestas”, afirmó, refiriéndose a la falta de diálogo y claridad en la gestión de la política migratoria desde Madrid.

La presidenta también subrayó que Baleares ya alberga alrededor de 200 menores migrantes por encima de su capacidad y criticó la imposición de una nueva cuota de reparto, mientras que otras regiones parecen recibir un trato preferencial, lo que califica de injusto y motivado por intereses políticos. “Es inaceptable que se nos imponga una carga adicional sin contar con nuestros recursos y capacidades”, puntualizó Prohens.

Además, la presidenta no escatimó en palabras al señalar que la falta de atención del gobierno central a las necesidades de Baleares ha llevado a la comunidad a sentirse tanto “abandonada” como “menospreciada”. Prohens lamentó especialmente la visita de cargos gubernamentales que, a su entender, han sido desconsiderados hacia la realidad de la migración en la región, citando un reciente incidente en el que una patera llegó a Formentera mientras un funcionario negaba la existencia de rutas migratorias.

Con estas declaraciones, Prohens no solo busca reivindicar la autonomía de Baleares en la toma de decisiones relacionadas con la migración, sino también hacer un llamado a una mayor cooperación y respeto entre el gobierno central y las comunidades autónomas, evidenciando así las preocupaciones crecientes sobre el manejo de la crisis migratoria y sus efectos en la región.