PALMA, 26 de marzo. Un caso alarmante de supuesto abuso sexual protagonizado por un pediatra en un hospital privado de Mallorca ha robado la atención de la sociedad este miércoles. En el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial, la víctima ha expresado que su única intención no es buscar compensaciones económicas, sino asegurar que el médico no continúe ejerciendo en el ámbito pediátrico.

La sesión, llevada a cabo por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha brindado la oportunidad de escuchar las declaraciones de la mujer, quien en el momento de los hechos contaba con 22 años. Este proceso judicial se centra en incidentes que habrían tenido lugar en septiembre de 2021, y el acusado enfrenta una multa cercana a los 11.000 euros.

La audiencia comenzó con la emotiva exposición de la víctima, mientras que la defensa del pediatra solicitó que su cliente ofreciera testimonio al final del proceso. La joven relató cómo, estando en la cama y bajo fuerte medicación, el doctor ingresó en su habitación sin previo aviso, se acercó a ella y sin más, comenzó a tocarla de manera inapropiada, justificada por su papel profesional. “Esto no era simplemente un roce; me manoseó”, enfatizó la víctima.

En su relato, narró que dos enfermeras entraron en la habitación justo en el momento en que el pediatra intentaba llevar a cabo sus acciones, lo que llevó al médico a apresuradamente subirle la bata. Sin embargo, tras la salida de las enfermeras, el acusado volvió a la carga. “Pensé que podría ser normal que un médico entrara a revisar, pero si estás haciendo algo inapropiado, no estás realizando tu trabajo”, señaló con dolor.

Después de informar de la situación al gerente del hospital, la víctima recordó que el pediatra fue despedido casi al instante, aunque lamentablemente sigue trabajando en otro centro de salud privado. Esta continuidad en su labor médica ha generado más preocupación entre la comunidad.

El Ministerio Público ha calificado los actos del pediatra como un delito de abuso sexual y solicita que se le imponga una pena económica de aproximadamente 11.000 euros. Además, se demanda una indemnización de 1.500 euros a la víctima por daños y que se le prohíba al acusado trabajar con menores durante un periodo de siete años, subrayando la gravedad de estos hechos y la necesidad de proteger a los más vulnerables.