En un giro sorprendente en Palma, dos propietarios de un inmueble y un trabajador de una controversia empresarial de "desokupación" han recuperado su libertad tras ser arrestados por un intento de desalojo. Este incidente ha puesto de relieve las tensiones en el ámbito del alquiler y la problemática de los desalojos no regulados.

El suceso tuvo lugar el jueves pasado, cuando un ciudadano en apuros se dirigió a la Policía Nacional, denunciando que había sido expulsado de su vivienda y que las cerraduras habían sido cambiadas, lo que le impedía acceder a su hogar. Según fuentes cercanas a la investigación, la situación se complicó con la intervención de individuos relacionados con una empresa de desokupación.

Al llegar las autoridades al lugar, mantuvieron conversaciones tanto con los propietarios del piso como con el trabajador de la empresa de desokupación. La explicación que ofrecieron estos últimos era que la vivienda, arrendada por habitaciones, había sido objeto de problemas con el inquilino, quien, según afirmaron, había dejado de cumplirse con sus obligaciones de pago.

Sin embargo, el inquilino afectado relató a los agentes que llevaba mes y medio residiendo en el lugar, lo que contrasta con las afirmaciones de los propietarios y genera dudas sobre la legalidad del desalojo llevado a cabo. A raíz de esta contradictoria información, los policías decidieron actuar y procedieron a la detención de los propietarios y el empleado de la empresa de desokupación bajo la sospecha de coacciones y allanamiento de morada.

Después de ser conducidos ante el juez, los detenidos fueron puestos en libertad, lo que plantea interrogantes sobre la regulación de los desalojos y el papel de las empresas de desokupación en situaciones tan delicadas. Este caso resalta la necesidad urgente de abordar el tema del acceso a la vivienda y la protección de los inquilinos frente a prácticas cuestionables en el mercado del alquiler.