La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha denunciado la intensa campaña de ataque recibida por parte del Partido Socialista debido al caso Metrovacesa, y ha defendido su decisión de remitir el asunto a la Fiscalía desde una posición totalmente imparcial.

Vidal expresó estas declaraciones durante su comparecencia en el Parlament, donde destacó varios titulares de los medios de comunicación que evidenciaban que el escándalo de Metrovacesa ya existía antes de que ella asumiera su cargo como consellera.

La consellera recordó que fue un juez quien impidió al gobierno anterior firmar la escritura y que la decisión de revocar el acuerdo de tanteo se tomó por unanimidad en el Consejo de Administración del Ibavi. Además, destacó que la propuesta de revocación estaba respaldada por informes jurídicos sólidos.

Vidal hizo hincapié en que nunca realizó ninguna valoración ni acusación durante este proceso y se limitó a cumplir con su responsabilidad legal al enviar el caso a la Fiscalía.

Posteriormente, la consellera explicó las razones de oportunidad y legalidad que la llevaron a revocar la compra de las viviendas. Según los expedientes, esta compra implicaba una pérdida de 5,8 millones de euros y generaba un mayor coste para el abono del IVA. Además, se pretendía adquirir las viviendas por un 40% más del precio máximo tasado por viviendas de protección oficial.

Vidal también mencionó los motivos de legalidad que respaldaron la revocación del acuerdo, como el hecho de que esta operación vaciaba las arcas del Ibavi y contaba con informes técnicos desfavorables que dejaban claro que era deficitaria.

Adicionalmente, la consellera destacó que no existía ningún informe jurídico del Ibavi ni la memoria necesaria para realizar la operación, y criticó que se formalizara la compraventa sin cumplir los requisitos necesarios para que las viviendas fueran habitables.

Finalmente, Vidal explicó los motivos que la llevaron a remitir el caso a la Fiscalía de manera imparcial y sin realizar ninguna valoración. Estos motivos incluyen el hecho de que la firma se forzó sin cumplir las condiciones, resultando en que los ciudadanos de Baleares tengan que pagar una diferencia de 2.736.017 euros, y que la operación se realizó mientras el gobierno estaba en funciones.

En resumen, la consellera cuestionó las razones de urgencia del gobierno anterior para llevar a cabo esta operación y destacó la importancia de respetar la ley y garantizar que las viviendas sean habitables antes de realizar cualquier compra.