PALMA, 9 de julio.

En un giro reciente de los acontecimientos políticos en Llucmajor, los partidos Llibertat Llucmajor y S’ULL han llevado ante la Fiscalía de Baleares una denuncia que pone en entredicho la conducta de la alcaldesa, Xisca Lascolas, así como de varios miembros de su equipo en el Ayuntamiento. La acusación se centra en un posible delito de prevaricación, relacionado con lo que consideran “pagos irregulares” a la empresa encargada de la gestión de residuos.

El caso ha sido presentado formalmente este miércoles, y los denunciantes han anexado más de 30 documentos que, según afirman, respaldan su acusación. Sostienen que estos pagos, programados para 2025, se han realizado sin el debido respaldo legal, lo que, a su parecer, debe ser investigado y juzgado en consecuencia.

Además de la alcaldesa, varios concejales han sido señalados por haber votado a favor de estos pagos a pesar de contar con informes legales del propio Ayuntamiento, que alertaban sobre la posible infracción de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Este punto es crucial en la denuncia, resaltando la supuesta falta de responsabilidad por parte del gobierno local.

La denuncia hace hincapié en que las advertencias legales han sido “constantes y reiteradas” desde que la alcaldesa anunciara, en 2024, su intención de proceder con el pago de estas facturas sin una base legal válida. Los servicios jurídicos del Consistorio han advertido que cualquier pago en estas circunstancias podría tener repercusiones contables, administrativas y penales para los concejales que apoyaran dicha acción.

Según la declaración oficial de Llibertat Llucmajor, a pesar de las múltiples alertas y de las propuestas constructivas presentadas por la oposición para abordar la crisis de gestión de residuos en el municipio, la alcaldesa decidió ignorar las advertencias legales, sin ofrecer justificaciones claras, y esto ha resultado en una merma del servicio.

Los representantes de Llibertat Llucmajor y S’ULL, tras analizar la situación junto a sus abogados, han determinado que la alcaldesa y su equipo podrían haber incurrido en un acto de prevaricación administrativa, tal como se define en el artículo 404 del Código Penal español, que sanciona a los funcionarios públicos que actúan en contra de la legalidad.

El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, subrayó que la alcaldesa tenía plena conciencia de su actuación, ya que había sido advertida previamente por los funcionarios municipales. No obstante, prosiguió con la aprobación de más de 60.000 euros en facturas que considera ilegales, y recientemente intentó autorizar otros pagos que superan los 100.000 euros bajo el mismo criterio, siempre sin el soporte legal correspondiente.

Por su parte, Claudia Fallemann, portavoz de S’ULL, ha señalado que, en cada sesión plenaria, han manifestado su preocupación ante el rumbo “peligroso” que está tomando la administración local, indicando que esto pone en riesgo los recursos públicos y no resuelve el problema de gestión de residuos del municipio. “Mientras la empresa se beneficia de estos pagos irregulares, el servicio sigue siendo ineficaz”, concluyó.