IBIZA, 8 de julio. Un nuevo capítulo se abre en la polémica del asentamiento Can Rova 2, ya que el Ayuntamiento de Santa Eulària ha recibido autorización judicial para llevar a cabo su desalojo. Esta operación se llevará a cabo el 15 de julio a las 09:00 horas, y se prevé que genere un amplio despliegue de recursos.

Juan Carlos Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana, ha comentado en rueda de prensa que el municipio está coordinando esfuerzos con diversas áreas gubernamentales y ha solicitado la colaboración de la Dirección Insular de la Administración del Estado, para asegurar la presencia de la Guardia Civil durante el proceso.

Para asegurar que los residentes sean informados adecuadamente, el Ayuntamiento planea utilizar carteles que notifiquen sobre el inminente desalojo. Según Roselló, la operación requerirá la participación activa de varios departamentos, incluyendo la Policía Local, Bienestar Social y Medio Ambiente, así como el refuerzo de la Guardia Civil, que tendrá que enviar efectivos que no están actualmente en la isla.

El departamento de Bienestar Social se prepara para incrementar sus recursos “hasta que se considere necesario” para brindar asistencia a los individuos que residen en el asentamiento. La intención es garantizar que se cuente con la ayuda necesaria para quienes se verán afectados por esta medida.

Como parte del proceso de desalojo, se prevé que se interrumpan los suministros más vulnerables, como el de electricidad. El concejal Roselló enfatizó la importancia de realizar estos trabajos de desconexión con antelación, argumentando que es preferible evitar complicaciones el mismo día del desalojo.

Roselló también ha subrayado que para el Ayuntamiento, el desalojo de Can Rova 2 es una cuestión prioritaria, citando los riesgos que enfrentan las personas que habitan allí. Reconoció que en el primer intento de desalojo, el Consistorio cometió errores de principiante, dada la complejidad de la situación.

El concejal recordó que, en aquella ocasión, el Ayuntamiento no contaba con las herramientas necesarias para abordar el problema adecuadamente, lo que complicó la labor de informar a los ocupantes del asentamiento. “No sabíamos a quién dirigirnos”, declaró.

A diferencia de la primera intervención en Can Rova, donde se cumplía una orden judicial específica, el actual desalojo es impulsado por los propios intereses del Ayuntamiento, quienes han identificado condiciones sumamente peligrosas para los residentes de Can Rova 2.

Finalmente, Roselló admitió que no tiene claridad sobre cuántos menores residen en el área, dado que las dificultades para acceder a la zona han complicado la obtención de esa información.