En Mallorca, varios grupos parlamentarios de tendencia progresista, incluyendo el PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos, han solicitado a la Mesa del Parlament la paralización de la conocida como "Ley del pelotazo", que se refiere a la controvertida Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos. Estos partidos advierten que PP y Vox han manipulado el reglamento del Parlament para regularizar la construcción de viviendas en suelos clasificados como rústicos.

La oposición ha presentado un documento formal argumentando que la tramitación de esta legislación debe detenerse hasta que se aborde una enmienda presentada por Vox, que es considerada inconsistente ya que, según los opositores, fue introducida fuera de los plazos establecidos y podría infringir las normativas internas del Parlamente.

En un comunicado, los partidos progresistas han expresado su preocupación por lo que consideran un uso excesivo del poder por parte de la alianza PP-Vox, que buscaría manipular las normas del parlamento para facilitar cambios en la amnistía urbanística vigente.

El temor es que esta enmienda permita la legalización de edificaciones en suelo rústico, como edificaciones plurifamiliares, así como la regularización de infraviviendas en áreas protegidas, alterando así los plazos de caducidad de infracciones urbanísticas en estos suelos.

Mientras que anteriormente las faltas urbanísticas en suelo rústico no prescribían, la modificación propuesta otorgaría un plazo de ocho años para regularizarlas, lo que podría abrir la puerta a numerosas irregularidades.

Los grupos de la oposición han señalado que el proceso de tramitación ha incluido la aceptación de enmiendas del PP fuera del plazo legal, encubiertas como transacciones, lo cual a su juicio supone un trato desigual para los demás legisladores que se han ceñido a las normas de presentación establecidas.

Por todo lo expuesto, PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos han hecho un llamado a la Mesa del Parlament para que reconsidere la enmienda presentada por Vox, instando a su retirada del informe del proyecto de ley urbanística que se está tratando.

Como medida provisional para proteger tanto los derechos constitucionales de los diputados como la integridad del proceso legislativo, los grupos solicitaron además la suspensión del debate en comisión programado para el 25 de junio, hasta que la Mesa y la Junta de Portavoces respondan a la solicitud de reconsideración.