En Palma, el 27 de noviembre, se ha llevado a cabo una significativa declaración por parte de varios grupos de la oposición en el Parlament, entre los que se encuentran PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos. Estos colectivos han decidido presentar una proposición de ley cuyo objetivo es la prohibición absoluta de la construcción de edificaciones y la legalización de viviendas en zonas identificadas como de riesgo.

La noticia fue divulgada durante una rueda de prensa celebrada este miércoles, donde los portavoces de estos partidos expusieron su intención de que dicha iniciativa sea tramitada con carácter de urgencia. Asimismo, hicieron un llamado al Govern para que acepte esta propuesta “cuanto antes mejor”, evidenciando la necesidad de actuar rápidamente ante una situación que consideran alarmante.

Iago Negueruela, portavoz del PSIB, no escatimó en críticas hacia la gestión del Govern al manifestar que “Costa solo se tiene que centrar en arreglar la otra chapuza”, refiriéndose a la aprobación de más de 30 enmiendas de Vox que resultaron de un error del Partido Popular. Añadió con firmeza que su formación se encargará de solventar esa “chapuza”, destacando la urgencia de un cambio efectivo en las políticas relacionadas con la construcción en zonas de riesgo.

En su intervención, Negueruela también mostró su descontento con el retraso en la aprobación de un decreto ley que impediría la construcción en zonas inundables. Criticó que, mientras tanto, se están continuando los trámites para la legalización de viviendas, y lamentó que el Ejecutivo no esté considerando extender la prohibición a todas las áreas protegidas que presentan riesgos.

Por otro lado, el portavoz ecosoberanista Lluís Aopesteguia destacó la responsabilidad y la voluntad de su grupo para resolver un problema que, según ellos, ha sido generado por el propio Govern. Aopesteguia expresó que aún no está claro si su formación apoyará el futuro decreto ley para enmendar las modificaciones de Vox, ya que aseguran que requerirán conocer el contenido del mismo. “¿Asumirán que para llegar a consensos también tienen que asumir que no pueden incluir sus barbaridades?”, se cuestionó, instando a un análisis más profundo sobre las decisiones que se están tomando en el ámbito legislativo.