En la jornada de hoy, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado 16 años y medio más de prisión para el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y el subinspector de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional. Esto se debe a que se considera que deben ser condenados por detención ilegal de los familiares del exdiputado Álvaro Gijón.

El recurso presentado por el fiscal es en respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB), que condenó a los dos funcionarios a nueve años de cárcel por coacciones, obstrucción a la justicia y omisión del deber de perseguir filtraciones.

De acuerdo con el documento consultado por Europa Press, la Fiscalía considera que los investigadores del caso Cursach también deben ser condenados por tres detenciones ilegales, las cuales afectaron a los padres y el hermano de Álvaro Gijón, como se había anticipado en el diario 'Última Hora'.

Por cada uno de estos delitos, el fiscal solicitaba cinco años y medio, lo que se traduce en un total de 16 años y medio adicionales para cada uno de los tres acusados. Además, se pide una indemnización de 6.000 euros para cada uno de los familiares detenidos.

La detención de los padres y el hermano de Gijón en junio de 2017 fue vista como un intento de presionar al político para obtener una confesión en relación con la investigación del caso ORA. Los mensajes interceptados entre el juez, el fiscal y los agentes de Blanqueo revelaron la intención de que Gijón confesara fácilmente en su declaración al día siguiente.

El Tribunal Superior consideró que, si bien los hechos eran condenables como coacciones a Álvaro Gijón, no encajaban en la definición penal del delito de detención ilegal. Argumentó que en el momento de la detención había una causa judicial abierta por el presunto amaño de la ORA, lo que daba base a las detenciones realizadas.

El fiscal sostiene que estas detenciones, motivadas por la intención ilegal de forzar una confesión, violaron los derechos de los tres arrestados. Además, afirma que la sentencia del TSJIB no reconoció a los familiares como víctimas, dejando sin sanción penal y reparación civil el perjuicio sufrido.

Para la Fiscalía, las detenciones fueron desproporcionadas e innecesarias; se utilizaron como herramienta de presión sobre el político y no estaban justificadas ni antes ni después de los registros. Esta situación, según el fiscal, sitúa el caso en el terreno del delito de tortura al afectar a personas no involucradas en la investigación contra Gijón.

Es importante recordar que en su momento, la Fiscalía había solicitado 121 años y nueve meses de prisión para Subirán y 118 años para Penalva. Además de la Fiscalía, las defensas y algunas de las acusaciones presentes en la sentencia del TSJIB han formalizado recursos contra la decisión del tribunal.