En un reciente desarrollo judicial significativo, el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma ha decidido imponer prisión provisional al empresario mallorquín Salvador Llinás. Este empresario es objeto de una investigación por presunta estafa, en la que se le acusa de haber defraudado cerca de 40 millones de euros a través de la venta ilícita de más de 1.500 automóviles.

La decisión del juez ratifica una orden de prisión que ya había sido dictada en 2022. Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que esta medida continúa vigente, lo que subraya la gravedad de las acusaciones en su contra.

En un contexto internacional, Llinás fue trasladado a Madrid por agentes de la Policía Nacional después de haber permanecido en una prisión de Fráncfort (Alemania) durante aproximadamente un mes. Su arresto en Alemania se produjo debido a una orden europea de detención y entrega (OEDE), aunque su detención inicial tuvo lugar en Taiwán, donde se había dado a la fuga.

Al llegar a Madrid, el empresario mallorquín fue llevado a los juzgados de la capital, donde, a través de medios telemáticos, compareció ante el juez de Palma. Sin embargo, en esta ocasión, decidió no declarar, tal como solicitó su abogado, Tomeu Salas, quien argumentó que su cliente se encontraba en una situación de indefensión al no haber tenido acceso a la causa judicial.

El letrado había solicitado la libertad de Llinás, pero la Fiscalía, así como una veintena de acusaciones particulares involucradas en el caso, habían solicitado su reclusión en prisión provisional, destacando la gravedad de las denuncias en su contra.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección General de la Policía, Salvador Llinás utilizó una empresa de alquiler de vehículos, Autoclick, en la que ostentaba el cargo de administrador, para llevar a cabo una serie de ventas fraudulentas de automóviles. Se estima que de esta operación ilícita obtuvo un beneficio cercano a 40 millones de euros, lo que pone de manifiesto la magnitud del presunto delito.