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Intervienen 7,200 huevos de la Península por sospechas de fraude en su peso.

Intervienen 7,200 huevos de la Península por sospechas de fraude en su peso.

PALMA, 1 de mayo. La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha llevado a cabo una intervención significativa al detectar una partida de 7.200 huevos procedentes de la Península que, presuntamente, no cumplían con las normativas de peso establecidas.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Conselleria, la revisión se realizó en un distribuidor agroalimentario de la región, revelando discrepancias entre las características informadas y el producto real. Específicamente, se constató que más de la mitad de los huevos (54%) pesaban menos de 73 gramos, un peso que la ley considera mínimo.

La normativa vigente permite un margen de error en la calibración de un máximo del 5% dentro de la totalidad de la partida. Sin embargo, en este caso, la desviación excedió ampliamente lo aceptable, lo que ha llevado a las autoridades a tomar acciones enérgicas.

Joan Simonet, conseller de Agricultura, ha enfatizado que esta intervención es parte de los controles rutinarios que el Govern implementa, enfocándose en garantizar que los productos que llegan desde la Península cumplan con las exigencias locales. Según Simonet, el incumplimiento de estas normativas no solo afecta a los consumidores, sino que también crea un terreno de competencia desfavorable para los productores locales.

El conseller ha subrayado que uno de los reclamos más comunes del sector es el fortalecimiento de estos controles sobre los productos importados al archipiélago, garantizando que se ajusten a las regulaciones establecidas.

Desde el Govern, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha afirmado que continuarán realizando campañas de supervisión para asegurar el cumplimiento de la normativa, con el objetivo de proteger tanto los intereses de los agentes del sector como los derechos de los consumidores.

Finalmente, la Conselleria ha advertido que las violaciones de la normativa pueden resultar en sanciones severas, especialmente en casos de infracciones graves, que pueden alcanzar montos que oscilan entre los 3.000 y 15.000 euros, o incluso cinco veces el valor del producto en cuestión.