El fiscal Tomás Herranz ha defendido la validez de su acusación en el caso Cursach, a pesar de las filtraciones de los investigadores. Herranz ha respondido a las cuestiones previas presentadas por las defensas del juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán, el inspector jefe del Grupo de Blanqueo José Luis García Reguera, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera, y ha asegurado que las filtraciones que presenta en su escrito "ninguna relación tienen con los listados de llamadas" de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, de Europa Press y Diario de Mallorca, respectivamente.

En la primera sesión del juicio, las defensas de los seis acusados pidieron la nulidad del procedimiento y de toda la instrucción, justificando su reclamo en la sentencia que decretó nulo el rastreo del listado de llamadas y la incautación de los teléfonos a los periodistas. Los abogados también señalaron la vulneración de un abanico de derechos fundamentales, la ilegitimidad de las acusaciones particulares o la parcialidad de la instrucción judicial de esta causa, tramitada por el juez Miquel Florit y el fiscal Juan Carrau.

Para el Grupo de Blanqueo, Fiscalía pide, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, penas que suman más de 340 años de prisión. Y para los acusados, las defensas reclaman más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

El Ministerio Fiscal muestra cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados entre 2013 y 2018. También sostienen que los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones "facilitadas por los acusados" estando la causa bajo secreto de sumario.

Además, la Fiscalía revela siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert. El Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.