24h Baleares.

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Habitantes de Esporles denuncian celebración de eventos taurinos en un espacio no autorizado.

Habitantes de Esporles denuncian celebración de eventos taurinos en un espacio no autorizado.

En Esporles, una comunidad comprometida con la defensa de los derechos de los animales, se han desatado las alarmas ante la posible organización de eventos taurinos en una finca que, según la Agencia de Defensa del Territorio, tiene su plaza de toros en construcción paralizada.

La Fundación Franz Weber ha tomado la delantera en esta situación, exigiendo explicaciones tanto al Ayuntamiento local como a otras entidades pertinentes sobre las intenciones de los responsables de la finca.

En su declaración, la fundación ha subrayado el vínculo entre la empresa que gestiona la finca y la organización responsable de las corridas de toros en Inca, además de la inminente fecha del evento programado para el 14 de septiembre en Muro. Han expresado su preocupación al afirmar que "el tufo de mafia parece arrastrarse por toda la Part Forana".

Los defensores de los derechos de los animales han enfatizado que llevar a cabo festejos taurinos sin aviso previo podría contravenir la Ley 9/2017, que regula este tipo de actividades y asegura la protección de los animales en Baleares. Esta legislación exige que la empresa promotora presente una declaración responsable al ayuntamiento antes de iniciar cualquier actividad relacionada con las corridas.

La fundación también ha manifestado su inquietud por "dudas razonables" que surgen respecto a la legalidad de los eventos que se han estado produciendo en una finca que acumula numerosas advertencias urbanísticas.

En un esfuerzo por esclarecer la situación que ha rodeado a esta finca en los últimos meses, la ONG internacional se propone enviar escritos al Govern, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento, reclamando transparencia y rendición de cuentas.

Es importante destacar que la celebración de eventos taurinos sin la debida autorización se clasifica como una infracción grave, lo que implica sanciones que podrían alcanzar los 100.000 euros para los responsables de la organización.