Los socialistas abogan por la revisión del complemento de residencia, aunque instan al Gobierno a implementar la Ley de Vivienda como respuesta a la crisis habitacional.

En una sesión celebrada en el Senado este martes, el Partido Popular aprobó una propuesta no vinculante que urge al Gobierno a reevaluar las compensaciones por residencia de los empleados públicos desplazados a las Islas Baleares. Esta iniciativa recibió el respaldo de PNV e Izquierda Confederal, mientras que el PSOE optó por la abstención.

Durante la Comisión de Función Pública, representantes del PP argumentaron que las indemnizaciones han quedado obsoletas desde hace casi veinte años, insistiendo en la necesidad de un nuevo estudio que ajuste estas cantidades a la realidad actual.

El partido ha propuesto que el Gobierno destine al menos 18 millones de euros adicionales para este fin, una suma que, según ellos, no representaría un gran impacto en las finanzas estatales.

El senador Miguel Ángel Jerez enfatizó que el aumento de estas indemnizaciones no solo busca equiparar las condiciones salariales con las de los funcionarios autonómicos, sino también mejorar la estabilidad del personal y atraer a nuevos empleados, evitando que aquellos que son destinados forzosamente busquen regresar rápidamente a su lugar de origen.

En su moción, el PP subrayó que Baleares enfrenta una notable crisis en términos de costo de vida, exacerbada por los altos precios derivados de su insularidad, lo que complica aún más la cobertura de plazas en el sector público estatal y, a su vez, deteriora la calidad de los servicios ofrecidos en las islas.

Recuerdan que, en 2019, el número de empleados del sector público estatal en Baleares era de 9.473, con un gasto en indemnizaciones de cerca de 8,5 millones de euros, lo que se traduce en un promedio de 76,61 euros por funcionario.

Por su parte, el senador del PSOE, José Francisco Hila, mostró su apoyo a la mejora del complemento de residencia, pero centró la discusión en la necesidad de que el Gobierno balear, dirigido por el PP, implemente la Ley de Vivienda para realmente abordar el problema del coste de la vivienda para los funcionarios estatales.

“Insto al Govern de las Islas Baleares a que declare las áreas de mercado residencial tensionado en las islas, ya que es evidente que vivimos en una zona donde el alquiler se ha convertido en un verdadero desafío. Esta es la única medida viable a corto plazo”, concluyó Hila.