PALMA, 21 de diciembre.

En una reciente declaración, el Partido Popular ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a asegurar los fondos necesarios para que la implementación de la gratuidad del transporte público en Baleares no implique recortes en los presupuestos de las instituciones locales, como el Govern, los consells y el Ayuntamiento de Palma.

La diputada del PP en el Congreso, Sandra Fernández, expresó su preocupación por la carencia de información oficial proveniente del Gobierno sobre la iniciativa de transporte público gratuito en las Islas Baleares, especialmente a tan solo diez días de finalizar el año. Fernández subrayó la importancia de garantizar los recursos suficientes para una medida que debería ser una prioridad, advirtiendo que "la falta de claridad del Gobierno refleja una improvisación total, ya que busca llevarse el reconocimiento sin asumir la responsabilidad financiera, lo que podría cargar a otras administraciones con esa obligación".

La diputada, recordando que en noviembre había interrogado al Gobierno sobre sus planes para la gratuidad en las islas mediante un escrito formal, lamentó la tardanza en la respuesta, la cual llegó solo hasta el jueves pasado. En ella, el Gobierno se limitó a afirmar que mantendrá su inversión en apoyo al transporte público español, incluidas las Baleares, aunque ajustando el presupuesto a la situación actual y estableciendo criterios para su distribución. Esta respuesta resultó, a juicio de Fernández, del todo insuficiente para esclarecer si se garantizarán los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad del transporte.

Fernández también hizo hincapié en que en los dos últimos años, el Gobierno ha transferido únicamente 43 millones de euros para potenciar la gratuidad del transporte, una cifra que considera "totalmente insuficiente". Según ella, esta situación ha llevado a que el Govern, los consells y los ayuntamientos tengan que asumir la carga adicional de financiar la diferencia necesaria para poder implementar esta medida.

Como ilustración de estas dificultades, la diputada reveló que el Govern destina anualmente 45 millones de euros en bonificaciones, y debido a la limitada contribución del Gobierno, que solo fue de 14 millones de euros, se vio obligado a desembolsar otros nueve millones adicionales este año. El año anterior, la suma adicional necesaria para garantizar la gratuidad real alcanzó los 13 millones, según cifras proporcionadas por el PP en Baleares.

Finalmente, Fernández concluyó señalando que "es un paso positivo que el Gobierno reaccione ante las exigencias del Govern de Marga Prohens para mantener la gratuidad en las islas, pero resulta esencial que el próximo lunes se comprometan oficialmente a los recursos necesarios para dicha medida. Lo que ocurre es que el Gobierno se lleva el reconocimiento de la gratuidad, mientras que la carga económica termina recayendo sobre el Govern, los consells, los ayuntamientos y, al final, sobre los ciudadanos de Baleares".