El 12 de septiembre en Palma, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de Baleares, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha dirigido una comunicación a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, solicitando apoyo financiero del gobierno central para el transporte de residuos entre las islas.

En su carta, Sáenz de San Pedro ha expresado su desacuerdo con las afirmaciones de la ministra, quien había señalado la inexistencia de un marco jurídico y técnico que justificara la negativa a proporcionar dicha financiación a Baleares. El conseller enfatizó que las islas efectivamente cuentan con planes de gestión de residuos conformes a la normativa nacional.

La Conselleria ha destacado que Sáenz de San Pedro considera fundamental la participación del gobierno central para asegurar una distribución equitativa de recursos y el logro de los objetivos ambientales establecidos en conjunto. El conseller ha subrayado que esta ayuda es particularmente crítica para islas como Formentera e Ibiza, donde los costos logísticos son notablemente altos.

Además, Sáenz de San Pedro ha expresado su malestar por las declaraciones de Aagesen en el Senado, donde afirmó que Baleares no dispone de planes adecuados para la gestión de residuos conforme a la reciente legislación sobre residuos y suelos contaminados (7/2022).

En respuesta, el conseller ha enfatizado que cada isla del archipiélago ha implementado su propio plan director sectorial de residuos, que fue aprobado por el consell insular respectivo y que ha estado vigente desde 2019. Estos planes son adherentes tanto a la normativa autonómica como a la nacional, sustentando así el sistema de gestión insular en Baleares.

Sáenz de San Pedro también ha recordado que la legislación nacional 7/2022 estipula, en su disposición adicional tercera, la responsabilidad del Estado de cubrir el costo adicional del transporte de residuos en territorios no peninsulares.

Añadió que la ley de residuos de Baleares, instaurada en 2019, se adelantó a su tiempo al integrar los principios de economía circular y la jerarquía de tratamiento en línea con la regulación europea, estableciendo objetivos que más tarde se vieron reflejados en la normativa nacional.

En cuanto a los plazos establecidos en la ley 7/2022, Sáenz de San Pedro ha aclarado que el término de tres años mencionado en la disposición transitoria primera se relaciona con la adaptación de autorizaciones y no con la revisión de los planes de gestión, los cuales deben renovarse cada seis años. Informó que ya se ha iniciado el proceso formal para la revisión de los cuatro planes insulares.

Finalmente, el conseller ha solicitado a Aagesen que se reconozca el esfuerzo realizado por las administraciones insulares en la planificación y gestión de residuos, y que se pongan en marcha los mecanismos de apoyo que la legislación actual contempla.