PALMA, 6 de octubre. En una reciente declaración que ha generado revuelo en el ámbito turístico, el Consell de Mallorca ha manifestado que la gran mayoría de los alquileres vacacionales en la isla, considerados ilegales por el Ministerio de Vivienda, están en realidad alineados con la normativa turística vigente.

El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, ofreció esta información a los medios este lunes, tras la publicación de un informe por parte del diario 'Última Hora' que alertaba sobre esta situación.

Rodríguez reveló que, la semana anterior, recibió un informe detallado del Gobierno que detalla el total de los alquileres turísticos que se clasifican como ilegales en Mallorca. Según su análisis inicial, aproximadamente el 99% de ellos no infringe las normativas turísticas, aunque algunos pueden haber violado regulaciones de registro o urbanísticas.

En las situaciones donde se detecten infracciones, el conseller puntualizó que es necesario que los propietarios corrijan los aspectos legales para poder obtener el número de registro único que les permita ofrecer sus propiedades en diversas plataformas de alquiler.

“Continuamos trabajando en un análisis más profundo que abarcará 1.700 expedientes, a fin de contrastar la información con las autoridades centrales. Desde la perspectiva del departamento de Turismo, la mayoría de estos alquileres parecen cumplir con la legalidad”, declaró Rodríguez.

Asimismo, el conseller anunció que el Govern se pondrá en contacto con el Ministerio de Vivienda para aclarar las discrepancias en la información y asegurar una correcta interpretación de la normativa vigente.

Cabe recordar que hace menos de un mes, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana notificó la existencia de 2.373 propiedades en Baleares, catalogadas como ilegales, a las plataformas digitales, con el objetivo de que se retiren los anuncios de estos alojamientos.

Estos pisos habían solicitado el número de registro obligatorio desde julio, pero no lograron obtenerlo debido a que no cumplían con los requisitos legales establecidos por la normativa de la ministra Isabel Rodríguez.

Los municipios de Baleares que enfrentan el mayor número de solicitudes denegadas incluyen a Ciutadella con 299, Sant Josep de Sa Talaia con 178 y Santa Margalida con 133, seguidos de Santanyí con 117, Es Mercadal con 96 y Palma con 54.