PALMA, 18 de diciembre.

En un fallo contundente, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ha impuesto una pena de un año y once meses de prisión al propietario de Cárnicas Vicente, quien ha sido declarado culpable de un delito contra la salud pública tras haber vendido carne caducada durante varios años desde su empresa, situada en Marratxí, Mallorca.

Además de la condena de prisión, el tribunal ha ordenado que el condenado abone 120.000 euros a la Conselleria de Salud, en compensación por los gastos asociados a la destrucción de la mercancía en condiciones insalubres, así como 80.000 euros a una empresa a la que adeudaba facturas impagadas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, también inhabilita al responsable de Cárnicas Vicente para desempeñar cualquier actividad relacionada con la venta de alimentos durante un período de cuatro años. Esta condena es ligeramente inferior a la pena de dos años de prisión que solicitó inicialmente la Fiscalía.

Por otro lado, la Audiencia de Palma ha emitido también una sentencia contra la mercantil Productos Cárnicos Mallorca, que deberá pagar una multa equivalente a 18 meses, a razón de 18 euros diarios, por el mismo delito. Sin embargo, el representante legal de la empresa ha sido absuelto, dado que el tribunal determinó que no tenía conocimiento de las malas prácticas que se estaban llevando a cabo.

El tribunal ha confirmado que entre 2013 y 2018, el ahora condenado era plenamente consciente del peligro que sus acciones representaban para la salud de los consumidores y, aun así, cometió múltiples irregularidades en el proceso de tratamiento de la carne que comercializaba.

Entre las prácticas ilegales que se han documentado se encuentran el descongelado de carne en agua caliente, el cambio de etiquetas de productos caducados por otras con fechas de consumo preferente más lejanas, la adquisición de mercancías que estaban a punto de caducar y la conservación de otros productos que superaban los años de caducidad, encontrándose incluso en estado de putrefacción.

La sentencia también menciona que la empresa no cumplía con las normativas básicas de higiene, y los pedidos se preparaban en un área que carecía de la refrigeración adecuada para la conservación de la carne. Asimismo, se llevaron a cabo actividades no autorizadas, incluyendo la congelación de productos lácteos y de pesca, el reenvasado de carne cocinada y el loncheado de embutidos y quesos.

Tras varias inspecciones realizadas por la Conselleria de Salud en 2018, que culminaron con el levantamiento de siete actas, se procedió a la suspensión de las actividades de Cárnicas Vicente, así como a la inmovilización y destrucción de todos los productos que presentaban etiquetas manipuladas.

En su defensa durante el juicio, el administrador de la empresa, fundada en 2011, rechazó las acusaciones, afirmando que nunca había vendido alimentos en mal estado o adulterados. Argumentó que es posible comprar carne en el supermercado que caduca el mismo día, congelarla y prolongar su vida útil.

También testificaron los investigadores que realizaron la conocida operación 'Biltong', mediante la cual se intervinieron toneladas de carne en mal estado y se detuvieron tres personas. Uno de los agentes mencionó el hallazgo de palés de carne congelada en condiciones de moho, cuyo olor era intensamente desagradable.

Finalmente, una de las jefas del servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria expuso las irregularidades detectadas durante las inspecciones, lo que llevó a concluir que la comercialización de dicha carne constituía un serio riesgo para la salud pública.