BRUSELAS, 19 de noviembre. El Tribunal General de la Unión Europea ha tomado una decisión importante este miércoles al denegar el recurso interpuesto por José Ramón Bauzá en relación a la reprimenda que le fue impuesta por el Parlamento Europeo. Esta advertencia se debió a episodios de acoso que vivió un miembro de su equipo durante su mandato como eurodiputado del partido Ciudadanos.

El episodio se remonta a 2022, cuando uno de los asistentes de Bauzá denunció presuntas conductas de acoso psicológico ante la comisión correspondiente en el Parlamento. Esta denuncia dio inicio a una investigación que culminó en febrero de 2024, cuando la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, anunciaba la amonestación del eurodiputado al corroborar las alegaciones de acoso hacia el denunciante.

La investigación reveló que Bauzá había exigido a su colaborador una disponibilidad absoluta: debía estar disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, abarcando fines de semana, festivos y vacaciones, incluso en horas nocturnas.

Adicionalmente, las conclusiones del comité destacaron que el eurodiputado realizó comentarios que podían ser considerados amenazantes, insultantes y despectivos hacia la persona denunciadora, obligándole incluso a realizar tareas no relacionadas con su trabajo e instruyéndole de manera contradictoria.

La sanción impuesta por la presidenta del Parlamento Europeo fue una amonestación, que, aunque es una medida más leve que implicaría la suspensión de sueldo o derechos como el voto, no conlleva la pérdida de dietas. Cabe destacar que, a pesar de tener la opción de apelar dentro de las instancias parlamentarias, Bauzá optó por no hacerlo en ese momento, según lo informado por Metsola.

Sin embargo, el ex eurodiputado llevó su caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el cual ha emitido una sentencia en primera instancia esta semana, desestimando su recurso. El tribunal determinó que Bauzá no pudo demostrar que el comité investigador excediera su autoridad en el proceso.

La sentencia también respalda al comité en su capacidad para evaluar la credibilidad de los testigos y los procedimientos que se tomaron, los cuales fueron detallados por la presidenta en su declaración de sanción. No obstante, el Alto Tribunal europeo ha señalado que los once meses que duró la resolución del caso son demasiado prolongados, añadiendo que, dada la delicadeza de los casos de acoso, el proceso debería llevarse a cabo con mayor rapidez, aunque subraya que esta dilación no justifica la anulación de la decisión tomada.