IBIZA, 13 de septiembre.

La empresa de transporte marítimo Baleària ha decidido judicializar el acuerdo del Consell de Ibiza, adoptado el 28 de marzo de 2025, el cual aplica la Ley 7/2024 sobre el control de la circulación de vehículos para promover un modelo turístico más sostenible.

En su comunicado, Baleària solicita la nulidad de las restricciones establecidas por el Consell, las cuales se espera que pierdan vigencia el próximo 30 de septiembre, y pide al tribunal que evalúe la constitucionalidad de la normativa.

La compañía argumenta que estas restricciones atentan contra dos derechos fundamentales: el derecho a la igualdad, al diferenciar entre propietarios y no propietarios de viviendas no residentes, y el derecho a la movilidad, al limitar la circulación dentro del territorio español.

La demanda de Baleària se fundamenta, en gran parte, en un informe de carácter técnico que combina análisis criminológicos con valoraciones realizadas por una consultora experta en la materia.

Según el estudio presentado por la Universitat Jaume I, la medida adoptada por el Consell es "técnicamente y jurídicamente inapropiada", ya que aborda de manera parcial un problema que requiere un enfoque más exhaustivo y medidas técnicas que garanticen tanto la seguridad vial como la sostenibilidad ambiental.

Asimismo, el informe critica a la normativa como un ejemplo de "greenwashing", es decir, un intento de aparentar un compromiso con el medio ambiente mediante una política que, en realidad, resulta ineficaz.

Los expertos subrayan que la medida no ataca a la raíz del problema de la congestión en la isla, que es el número de vehículos residentes, y carece de justificación en comparación con alternativas menos restrictivas que podrían haber sido implementadas, tales como áreas de bajas emisiones o mejoras en el transporte público.

Esta situación plantea un sacrificio económico significativo para el sector marítimo, cuyas consecuencias superarían los beneficios ambientales esperados, los cuales serían, además, difícilmente verificables, y contradicen los principios de justicia y equidad mencionados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

A pesar de que la Ley balear establece objetivos ambientales, el diseño de la restricción carece de mecanismos para un seguimiento eficaz y no considera las distintas categorías de vehículos y sus niveles de emisión.

Adicionalmente, el informe resalta la falta de control del Consell para determinar la matriculación de vehículos en la isla, a pesar de implementar una tasa destinada a financiar estas restricciones.

Según la consultora Meteoclim, los datos científicos que respaldan el informe indican que la medida no produce beneficios ni para el medio ambiente ni para la movilidad, generando daños a corto y largo plazo para el transporte marítimo en la región.

Además, se alerta sobre un posible "efecto llamada", dado que la restricción puede sortearse registrando vehículos en Ibiza, lo que ha llevado a un incremento de más del 70 por ciento en las matriculaciones en la isla entre febrero y junio de 2025 en comparación con años anteriores.

Por otro lado, la demanda también señala el incumplimiento de los plazos por parte del Consell y la tramitación de la restricción como urgente, a pesar de haber estado parada durante meses.

Baleària también critica que el Consell no ha cumplido con su deber de proporcionar un sistema de transporte público interno que funcione de manera efectiva.

Adolfo Utor, presidente de Baleària, ha manifestado que, aunque la medida en cuestión se anulará el 30 de septiembre, la naviera busca una resolución definitiva sobre el asunto.

"Creemos que el acuerdo del Consell es un desacierto tanto político como administrativo, además de una chapuza legal. Sin importar cuánto tiempo tome la decisión judicial, esperamos que los argumentos presentados prevalezcan en la discusión colectiva sobre este tema", ha destacado Utor.

El presidente de Baleària también ha enfatizado que esta restricción pone en peligro un sector clave para la isla, lo que podría llevar a "graves repercusiones" en la frecuencia y calidad del transporte marítimo en el futuro.

Utor ha destacado una notable desigualdad en el tratamiento del transporte marítimo frente al aéreo, señalando que mientras los pasajeros de barco deben enfrentar tasas y limitaciones, los viajeros de avión tienen un acceso facilitado a la compra de boletos y reservas de vehículos de alquiler.

"Mientras que en Europa se limitan las operaciones aéreas en favor del transporte ferroviario y marítimo, en las Islas Baleares se toma una dirección opuesta, socavando, irónicamente, los principios de sostenibilidad y conectividad marítima que dicen promover", concluyó.