La última jornada en Palma ha sido testigo de un acontecimiento significativo en la defensa de los derechos de los menores migrantes. Este lunes, el Govern de las Islas Baleares ha llevado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) su primera petición de medida cautelarísima, solicitando la suspensión del Real Decreto 743/2025, emitido el 26 de agosto, que establece la capacidad del sistema de protección para menores migrantes no acompañados.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, esta iniciativa busca detener de manera inmediata el traslado de esos menores hacia Baleares que la normativa en cuestión podría desencadenar. La propuesta enfatiza la necesidad de proteger a los más vulnerables y evitar situaciones que agraven la ya complicada realidad de estas personas.

El Govern considera que el mencionado Real Decreto es legalmente defectuoso, presentando una "nulidad manifiesta de pleno derecho". El ejecutivo sostiene que su aprobación careció del dictamen del Consejo de Estado, un requisito indispensable según la normativa vigente que regula la creación de derechos y obligaciones.

La administración balear interpreta este proceder como una clara violación del marco jurídico establecido, y resalta que este tipo de acciones podría comprometer principios fundamentales consagrados en la Constitución, como el de legalidad.

La situación del sistema de acogida para menores no acompañados en el archipiélago es descrita como "extremadamente crítica". Actualmente, Baleares dispone solo de 76 plazas, mientras que alberga a más de 700 menores, lo que equivale a una sobresaturación del 1.000%. La normativa vigente indica que se deberían asignar solo 406 menores a esta comunidad.

Asimismo, el Govern ha alertado que continuar con los traslados en estas circunstancias crearía un "perjuicio irreversible" y socavaría cualquier posible resolución futura en el ámbito administrativo. Trasladar a menores a un sistema ya sobrecargado podría comprometer la calidad de la atención que reciben, además de ir en contra del derecho al interés superior del menor, recogido tanto en la legislación balear como en convenios internacionales.

Enfocándose en la "urgencia y el interés público", el Ejecutivo ha argumentado que los traslados podrían hacerse efectivos de forma inminente. Por lo tanto, consideran crucial asegurar que los menores no sean entregados a un sistema que ya enfrenta una emergencia migratoria, declarada previamente por el Gobierno balear.

Esta solicitud de suspensión cautelar es la primera presentada por el Govern, liderado por Marga Prohens, que ya ha advertido que si el Tribunal Supremo decide no acoger su petición, preparará una nueva alegación para proteger a estos menores en situación de vulnerabilidad.