El gobierno de las Islas Baleares ha intensificado su compromiso con la recuperación y la sostenibilidad al destinar más de 97 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a iniciativas de rehabilitación energética y construcción de viviendas sociales, utilizando fondos europeos del programa NextGen. Además, se ha manifestado a favor de que estas políticas de vivienda asequible cuenten con recursos adicionales provenientes de los fondos de Cohesión de la Unión Europea.

Esta postura fue reafirmada por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad tras la reciente votación en el Parlamento Europeo, donde fue aprobado el informe liderado por el eurodiputado socialista Marcos Ros, que propone destinar fondos europeos a la creación de vivienda asequible.

El informe, titulado "El papel de la inversión de la Política de Cohesión en la resolución de la actual crisis de la vivienda", obtuvo un respaldo contundente, con 462 votos a favor frente a 142 en contra y 63 abstenciones. Este documento refleja preocupaciones sobre el creciente "deterioro" en el acceso a la vivienda en Europa, que ha sido exacerbado por la especulación, la falta de regulación en el mercado privado y la insuficiencia de inversión pública para desarrollar un parque de vivienda asequible.

Además, el informe destaca la urgencia de "garantizar condiciones de inversión a largo plazo que resguarden los derechos de los inquilinos", enfatizando la importancia de priorizar la rehabilitación de inmuebles en lugar de construir nuevos, así como la creación de medidas específicas para trabajadores y estudiantes en áreas con alta influencia turística.

Desde la Conselleria, liderada por José Luis Mateo, se recuerda que el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el papel de las ciudades en la vivienda asequible, aprobado también en el Parlamento Europeo, ya abordaba recomendaciones claves que son especialmente relevantes para territorios como Baleares, sugiriendo la necesidad de adaptarse a los retos demográficos que presionan el mercado de la vivienda.

La administración local también tiene un rol protagónico en esta transición, según se indica en el dictamen, donde se insiste en la participación activa de las entidades locales en la reforma de las normas de ayudas estatales. Esto permitiría expandir el alcance de las ayudas más allá de la vivienda social, para incluir otros modelos que aboguen por la asequibilidad.

Asimismo, se subraya que en destinos turísticos populares como las Baleares, la proliferación de segundas residencias impacta negativamente en la accesibilidad de la vivienda para los residentes locales. Este fenómeno provoca un aumento en los costos del sector inmobiliario, limita el suelo disponible para nuevas construcciones y reduce la oferta de vivienda, lo que contribuye a aumentar las desigualdades territoriales.

El informé del Parlamento Europeo, aprobado en mayo, también recalca que la edificación de nuevas viviendas es crucial para afrontar el problema del elevado coste de la vida, proponiendo que aumentar la oferta debería llevar a una disminución de los precios.

Por otra parte, los gobiernos locales deben asegurar que existan normativas, infraestructuras y terrenos adecuados para fomentar la construcción, y que el acceso a la financiación europea sea facilitado para estas iniciativas.

De acuerdo con datos proporcionados por la Conselleria de Vivienda, esta entidad, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, ha acelerado notablemente la gestión y concesión de ayudas en los últimos dos años. Se destinarán cerca de 73 millones de euros del MRR a varios programas de rehabilitación energética, beneficiando a más de 7.000 viviendas con un valor total de 36 millones de euros hasta septiembre de 2025.

En cuanto a la construcción de vivienda social, el archipiélago destina 24,6 millones de euros a desarrollar edificios con eficiencia energética, divididos en dos fases de financiamiento del programa de construcción de viviendas del Ibavi, que incluirán un total de 410 viviendas en la primera fase y 342 en la segunda, todas destinadas al régimen de alquiler.

Hasta ahora, 24 de las 35 promociones están completadas y entregadas. Para el resto, se trabaja en cumplir los plazos establecidos y en la presentación de solicitudes para modificar el acuerdo de financiación, ajustando así las iniciativas al objetivo programático.