El Parlament balear ha aprobado recientemente un decreto ley que establece medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales, una decisión que marca un avance significativo al legalizar el aumento salarial pactado con los empleados de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia (FASD).

De manera unánime, todos los partidos representados en la cámara, desde la izquierda hasta la derecha, han respaldado esta iniciativa, que ha recibido 55 votos favorables y un aplauso generalizado por parte de los legisladores.

Este importante decreto fue refrescado hace dos semanas por el Consell de Govern, justo tres días tras alcanzar un preacuerdo con el comité de empresa, que implica una subida de salarios que oscila entre 4,200 y 6,300 euros brutos anuales.

Con esta nueva normativa, se pretende solventar las dificultades legales que había enfrentado el Govern para implementar la subida, mediante la inclusión de un complemento de complejidad técnica para todos los empleados que conforman la plantilla.

La medida resultará beneficiosa para cerca de mil trabajadores que desempeñan sus funciones en la Fundación, quienes recientemente llevaron a cabo una huelga indefinida que duró más de una semana, exigiendo mejores condiciones laborales.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, fue la encargada de argumentar en favor de este decreto, subrayando que responde a una necesidad vinculada a lo que considera “el cuarto pilar del Estado del bienestar: la atención a la dependencia”.

Fernández afirmó que el aumento salarial es “absolutamente necesario y urgente”, no solo por el crecimiento en el número de personas dependientes, sino también por la implementación de un modelo asistencial que prioriza a la persona en atención.

Durante su intervención, la consellera compartió ejemplos reales (con nombres ficticios) que ilustran la dedicación de los profesionales y el impacto en la vida de los usuarios de los centros. “Laura, recepcionista en Son Güells, interrumpe sus tareas para atender a María, quien es llamada desde Alemania. En Can Raspalls, Marta, asistente sociosanitaria, ha tomado un curso de manicura para embellecer a Paqui. Joan, cocinero en Sa Serra, elabora menús personalizados según las preferencias de los usuarios”, detalló.

Fernández enfatizó la importancia de capacitar a los trabajadores en lo que considera el “cambio más profundo” del sistema asistencial, afirmando que “formar en atención centrada en la persona no solo implica enseñar técnicas, sino transformar percepciones”.

Como “el mejor argumento posible” para respaldar el decreto, recordó las palabras de un usuario de la residencia de Son Güells, presente en la sala durante una de las manifestaciones de los trabajadores: “Ellos son nuestras manos y nuestras piernas, sin ellos perdemos las ganas de vivir”, citó la consellera, resaltando el valor de la labor de estos profesionales.

Tras la aprobación inicial por el Consell de Govern, la consellera mencionó contar con el apoyo de partidos como el PP, PSIB, MÉS per Mallorca, y varios diputados no adscritos. También se unieron a esta causa, Vox y el grupo Mixto, que incluye a Més per Menorca y Unidas Podemos.

El diputado del PP, Pedro Álvarez, calificó el decreto como “una respuesta justa y necesaria” a las demandas de los profesionales que habían ido a la huelga, subrayando que estas medidas son fundamentales para garantizar la protección de los ciudadanos.

Álvarez destacó que el decreto no solo es un capricho del Gobierno, sino que ofrece estabilidad y seguridad a las familias bajo el sistema de dependencia. Agradeció a los trabajadores por su paciencia en la espera de esta solución.

Por su parte, el diputado socialista Omar Lamin valoró positivamente esta medida como un paso hacia un sistema más justo y humano, reafirmando el compromiso del partido con la defensa de los derechos sociales y la estabilidad del sistema. Lamin sugirió que esta subida salarial debería haberse implementado antes, a fin de evitar la necesidad de huelga, y abogó por seguir trabajando hacia un fortalecimiento del sistema de dependencia.

La diputada de Vox, Patricia de las Heras, argumentó su apoyo al decreto desde una perspectiva de “responsabilidad institucional y respeto a las familias con dependencias”, aunque criticó la falta de información previa sobre el texto para considerar su posible tramitación como proyecto de ley.

Marta Carrió, de MÉS per Mallorca, se mostró favorable tanto al contenido como a la urgencia del decreto, dado el contexto de “injusticias retributivas” en la Fundación, y extendió la mano a la consellera para continuar las mejoras retributivas y laborales del personal en residencias.

Joan Gomila, de Més per Menorca, celebró la respuesta a las demandas de los trabajadores, enfatizando la necesidad de recursos adecuados y una gestión eficiente en el sistema de atención a la dependencia. Finalmente, José María García de Unidas Podemos, justificó su voto a favor en la voluntad de cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores en el pasado.