Recientemente, se han firmado compromisos en torno a la gestión de la migración y la educación en Baleares, que incluyen un enfoque claro en la repatriación de menores no acompañados a sus países de origen.

Por otro lado, se ha establecido que el conocimiento del catalán no será un obstáculo en el acceso a empleos públicos en aquellos puestos donde no se interactúa directamente con la ciudadanía. Esta decisión forma parte de un acuerdo más amplio que busca modificar la ley educativa regional, asegurando que tanto el catalán como el castellano tengan un papel significativo en el currículo escolar.

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han llegado a este consenso como parte de las negociaciones para la aprobación de los presupuestos autonómicos para el año 2025. Dicho acuerdo incluye eliminar la ley de memoria democrática, la cual había sido objeto de controversia y había sido rechazada anteriormente por los apoyos de la izquierda y el PP.

Las partes han explicado que este acuerdo es el resultado de meses de arduas negociaciones, que ahora se celebran como una unión de intereses y valores entre ambas formaciones.

Dentro del marco de la ley educativa, las modificaciones propuestas abarcan una doble vehicularidad para el catalán y el castellano, con el objetivo de promover el bilingüismo en las aulas y preparar a los estudiantes para el uso de ambas lenguas. Se prevé un avance en un plan piloto de elección de lengua en la educación básica, lo que facilitará a los padres la opción de seleccionar el idioma de instrucción para sus hijos.

Además, se proponen medidas para adaptar los currículos y modificar los requisitos de evaluación para aquellos estudiantes cuyo origen familiar implique estancias temporales en Baleares. Esta flexibilidad busca asegurar que todos los estudiantes puedan tener acceso a la educación sin barreras idiomáticas.

En relación a la administración pública, el acuerdo estipula que todos los formularios y trámites deben estar disponibles en catalán y castellano, garantizando así que los ciudadanos puedan optar por su lengua preferida en todas las interacciones con la administración. Además, se ha decidido que la evaluación del catalán no será un impedimento en el acceso a bolsas de trabajo en aquellos puestos que no requieren la interacción directa con el público.

Sin embargo, en el ámbito de la migración, se han tomado decisiones más severas. Entre los compromisos alcanzados, se limita la acogida de menores migrantes no acompañados y se prevén medidas estrictas de identificación y posible expulsión para aquellos que no puedan verificar su edad conforme a las leyes migratorias. Asimismo, se trabajará en un esquema que facilite el retorno de estos menores a sus países de origen, lo que ha suscitado críticas sobre los derechos de estos individuos vulnerables.

En cuanto a la política agraria, los partidos han decidido destinar recursos para contrarrestar los efectos de las políticas europeas, así como impulsar medidas para apoyar a los agricultores locales ante la competencia de productos importados que no cumplen las mismas normativas.

En el ámbito de vivienda, se están proponiendo medidas como subsidios y reformas que buscan mejorar la situación de los propietarios afectados por ocupaciones ilegales. Además, se establecieron auditorías en organismos públicos para asegurar la transparencia y eficiencia en el uso del presupuesto, con un compromiso por parte de ambos partidos de destinar los recursos de manera más efectiva, evitando así el gasto en iniciativas de carácter ideológico.