Vox aplaude su éxito en frenar la expansión de energías renovables del nuevo decreto.
PALMA, 5 diciembre.
El grupo de Vox ha manifestado su satisfacción por haber bloqueado lo que denominan una "desregulación encubierta" que amenazaba con permitir una expansión incontrolada de las energías renovables en Baleares, un hecho que formaba parte del decreto ley de aceleración de proyectos estratégicos.
Este marco normativo, aprobado previamente por el Consell de Govern, fue derrocado por Vox al llegar al Parlament para su validación, lo que ha causado un notable revuelo político.
El Consell de Govern, tras alcanzar un acuerdo con el PP sobre un nuevo texto, está programado para dar su visto bueno al decreto en una reunión que se llevará a cabo este viernes.
“Hemos prevenido que Baleares sufra el mismo destino que Andalucía, donde el gobierno del PP ha estado talando olivos para instalar paneles solares”, comentó Manuela Cañadas, portavoz de Vox en la cámara autonómica.
Desde Vox, se ha aplaudido el logro de "depurar" el documento final, obligando al Govern a retirar secciones que, según ellos, se alineaban con los principios de la Agenda 2030 y promovían una expansión sin control de energías renovables.
Específicamente, Vox ha declarado que han eliminado las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y han ceñido cambios propuestos en la ley de carreteras y de cambio climático, acusándolos de poner en peligro la integridad de las islas.
A pesar del rechazo a gran parte del texto, se mantendrá el marco legal para el transporte de residuos de Ibiza a Mallorca, lo cual se podrá iniciar de manera “inmediata y legítima”.
Pedro Bestard, vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, defendió esta acción como indispensable para abordar los problemas de los residentes de Ibiza y aliviar la carga económica de los mallorquines.
En opinión de Vox, la eliminación de la disposición final octava ha sido el triunfo más significativo de esta negociación, ya que esta parte del texto servía para establecer la creación de las ZIAE.
De acuerdo con el partido, esta figura jurídica podría haber proporcionado un “blindaje” para la instalación de energías renovables en terrenos rústicos, facilitando su desarrollo sin las exigencias urbanísticas requeridas.
Con tal eliminación, se aplaude la protección de las tierras agrícolas y rurales frente a proyectos que pudieran tener un gran impacto ambiental y social, previniendo que las políticas de la Agenda 2030 pasen por encima de los intereses de la población de Baleares.
“Las ZIAE eran una trampa disfrazada de progreso, destinada a saturar el campo con paneles solares sin control”, subrayó Cañadas.
Asimismo, Vox ha logrado que el decreto no incluya modificaciones a la ley de carreteras que, según sus afirmaciones, habilitaba la instalación de infraestructura eléctrica renovable en espacios públicos.
Desde su perspectiva, esto no era una medida de agilización, sino un “engaño” que buscaba facilitar la integración de nuevas redes energéticas bajo una ideología que no se ajusta a los intereses de las islas.
Además, Vox informa que el mecanismo que permitía la “expropiación forzosa y automática” para realizar proyectos eléctricos mediante la declaración de utilidad pública también ha sido eliminado.
“Hemos puesto un alto a un asalto a la propiedad privada que permitía a la administración despojar a los ciudadanos de sus terrenos o imponer servidumbres bajo el pretexto de la transición energética”, señaló Cañadas.
El nuevo decreto también garantizará la supervivencia de los mataderos de todo el archipiélago, al protegerlos legalmente como un servicio de interés económico general.
“Con esta decisión, protegemos a nuestros ganaderos y aseguramos la continuidad del sector primario balear, defendiendo nuestra soberanía alimentaria frente a las restricciones administrativas que amenazaban con clausurar estas instalaciones vitales”, concluyó el partido.
Finalmente, se ha eliminado del texto normativo la cláusula que permitía al Govern aprobar proyectos de manera arbitraria mediante declaraciones estratégicas.
“Con esto, se acaban los privilegios otorgados a proyectos que intentaban ser aprobados sin cumplir los estándares necesarios, basándose en criterios subjetivos o políticos”, enfatizó un portavoz de Vox.