PALMA, 9 de marzo. La Audiencia Provincial de Palma se prepara para llevar a cabo el próximo miércoles, a las 09.45 horas, una audiencia preliminar relacionada con un caso impactante que involucra a un joven acusado de agredir sexualmente a una niña de solo 10 años en las localidades de Artà y Manacor.

El Ministerio Público ha solicitado que el acusado enfrente una condena de tres años y medio de cárcel. Esta pena se asocia a delitos de agresión y abuso sexual, aunque también se pide que se considere la alteración de su percepción, dado que padece un trastorno del espectro autista que podría haber influido en su comportamiento en el momento de los hechos.

Los incidentes, según se detalla en el escrito de acusación del fiscal, comenzaron en septiembre de 2017, cuando el acusado, entonces de 18 años, presuntamente agredió de manera violenta a la menor en un parque infantil de Artà. El joven supuestamente la sujetó del brazo, la lanzó al suelo y se perpetró la agresión sexual.

Los abusos continuaron entre 2018 y 2019, ya que el acusado aprovechó su relación de amistad con la niña para llevar a cabo tocamientos inapropiados en Manacor, aprovechando su confianza.

Como consecuencia de estos sucesos traumáticos, la niña ha desarrollado problemas de ansiedad y un miedo constante a que la situación se repita, lo que resalta la gravedad de lo ocurrido según el fiscal.

La acusación sostiene que los actos cometidos por el imputado constituyen tanto agresión como abuso sexual y, por ello, plantea una pena de tres años y seis meses para cada infracción. Además, subraya la importancia de considerar la condición del acusado, que podría haber mermado su capacidad para comprender la gravedad de sus acciones en el momento de las agresiones.

Por otro lado, se ha solicitado que se imponga una orden de alejamiento de 15 años para que el acusado no tenga contacto con la víctima, y que este sea sometido a un régimen de internamiento en un centro educativo especializado para su reintegración.

Finalmente, el fiscal ha indicado que el joven ha dispuesto de 23.000 euros para atender la posible responsabilidad civil derivada de ambos delitos, un aspecto que se considera relevante en el desarrollo de este caso tan sensible.