PALMA, 5 de septiembre. En un giro significativo en la lucha contra el crimen organizado, el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la detención preventiva y sin posibilidad de fianza de siete individuos implicados en una extensa operación de blanqueo de capitales y narcotráfico en Mallorca.

Estos detenidos fueron arrestados el pasado miércoles y, tras comparecer ante la autoridad judicial este viernes, otros cinco sospechosos fueron puestos en libertad, aunque bajo cargos. Esta acción forma parte de la creciente atención judicial hacia este preocupante fenómeno en la región.

El operativo del miércoles destacó por la movilización de un significativo número de agentes, quienes recorrieron áreas clave del centro de Palma y algunos barrios aledaños como Camp Redó, Rafal y La Soledad, así como en localidades cercanas como Manacor y Llucmajor. Esta fue la cuarta fase de la ya conocida operación "Enroque Bal, Manso y Primo".

Las detenciones iniciales comenzaron justo después del mediodía con la captura de diez sospechosos, aunque la cifra se incrementaría a lo largo del día con la inclusión de cinco arrestos adicionales vinculados directamente a la venta y distribución de drogas, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación que citaron a Europa Press.

En el transcurso de esta operación, se llevaron a cabo al menos 16 registros en diferentes ubicaciones, donde se encontraron sustancias ilícitas, dinero en efectivo y herramientas utilizadas en el tráfico de drogas.

La investigación, que sigue bajo un estricto secreto judicial, se inició el pasado 11 de agosto y ha resultado en la captura de numerosos implicados, entre ellos el presunto líder del grupo criminal, Stefan Milojevic, así como un inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales.

Hasta ahora, hemos visto que la operación ha resultado en al menos 49 detenidos, incluyendo a un abogado destacado, Gonzalo Márquez, y muchos de ellos están en prisión preventiva mientras se desarrollan las indagaciones.

El contexto de esta macrocausa pone de relieve los delitos investigados, que abarcan desde blanqueo de capitales y violaciones a la salud pública, hasta pertenencia a organizaciones criminales, tenencia ilegal de armas y corrupción. La complejidad de este caso pone de manifiesto la necesidad de un enfoque conjunto y efectivo por parte de las autoridades para combatir el crimen organizado en la región.