PALMA, 3 de septiembre. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido objeto de duras críticas por parte de los grupos de izquierda en el Parlament, quienes la han acusado de faltar a su compromiso de no permitir la derogación de la ley de memoria democrática que tiene como baluarte a la formación Vox.

Durante una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Portavoces, los representantes de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca no escatimaron en señalar la inconsistencia de Prohens en este asunto. Esta es la primera rueda de prensa del nuevo periodo de sesiones, y ya ha puesto de manifiesto tensiones dentro del hemiciclo.

Iago Negueruela, portavoz del PSIB, expresó su preocupación por el inicio del ciclo político al considerar que el Partido Popular ha adoptado el enfoque de Vox, evidenciado por su disposición a derogar una ley que, en sus palabras, representa un baluarte contra el odio y la xenofobia. "Han incumplido su palabra", aseveró Negueruela, resaltando la falta de confianza que genera la presidenta.

Desde su perspectiva, el acuerdo verbal entre la izquierda y el PP para mantener vigente la ley de memoria democrática, a cambio de rectificar errores en las enmiendas propuestas por Vox, ha dejado claro que Prohens no es digna de confianza. "Es problemático iniciar este periodo con un liderazgo que no inspira seguridad", añadió.

Lluís Apesteguia, portavoz de MÉS per Mallorca, también criticó la falta de credibilidad de la presidenta. "En política, la integridad es esencial. Un político puede equivocarse, pero no debe mentir. Si Prohens respalda la derogación, quedará en evidencia que su llamado a la izquierda fue engañoso", afirmó, sugiriendo que la falta de honestidad podría pasarle factura en futuras elecciones.

Josep Castells, líder de Més per Menorca, fue aún más directo, acusando a Prohens de haber traicionado la confianza del electorado y de desestabilizar el diálogo político. "No se puede confiar en una presidenta que ya ha demostrado ser desleal", manifestó, confirmando que no participará en una reunión que la presidenta mantendrá con otros grupos la próxima semana.

Por otro lado, los representantes del PP y Vox, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas, defendieron la derogación como parte fundamental de su pacto presupuestario. Según Sagreras, el acuerdo no incluía restricciones a futuro en relación a la ley de memoria, y Cañadas indicó que la derogación era una exigencia desde el inicio de su colaboración con el PP.

La portavoz de Vox también aseguró que el respaldo del PP a la derogación fue un paso esperado y alineado con su ideología, afirmando que su inclusión en el programa era una condición para avanzar en acuerdos con el Partido Popular.