La Fiscalía ha desestimado la justificación del consumo de drogas en el inquietante caso de un hombre acusado de asesinar a su mujer embarazada y a su hijo de siete años en Sa Pobla, Mallorca, en mayo de 2021. En un juicio que avanza hacia su desenlace, las acusaciones han mantenido la firme petición de una condena de prisión permanente revisable para el confeso perpetrador.

Este lunes, el juicio con jurado en la Audiencia Provincial ha llegado a su etapa culminante, donde se ha presentado la prueba documental y se han leído las conclusiones de las partes implicadas. Además, se ha ofrecido la oportunidad al acusado de ejercer su derecho a la última palabra, un momento que se llena de tensión y expectativa.

El abogado de la familia de las víctimas, Pablo Juanico, ha enfatizado en su alegato final que el ciclo de maltrato sufrido por Warda y su hijo no debe concluir con la muerte de ambos, sino con una sentencia que imponga la prisión permanente revisable al acusado. Su firmeza en el discurso resalta la necesidad de justicia en un caso tan desgarrador, donde se busca dar voz a quienes ya no pueden hablar.

En un giro significativo, Juanico ha argumentado que el procesado no debería beneficiarse del atenuante de confesión, ya que su testimonio no ha servido para acortar el sufrimiento de las familias ni ha facilitado la labor investigativa. A su juicio, el acusado no ha contribuido de manera efectiva a esclarecer los trágicos eventos que tuvieron lugar.

El letrado ha ido más allá al rechazar la defensa basada en la drogadicción del acusado. Ha subrayado que, aunque este pudiera haber sido un consumidor habitual, no hay evidencias que demuestren que en el momento de los hechos sus capacidades estuvieran alteradas. “Tenía plena conciencia de sus actos”, ha afirmado con contundencia.

El fiscal Julio Cano ha respaldado este punto de vista, afirmando que “ser drogadicto no es un cheque en blanco” que justifique actos tan horrendos. Aunque ha matizado su postura sobre la confesión del acusado, señalando que, a pesar de su importancia, no fue determinante para el caso.

Las posturas de la Fiscalía y de la acusación particular han mostrado divergencias en relación al contexto de maltrato habitual que rodeaba a la familia. Mientras el Ministerio Público sostiene que tal situación no ha sido probada, el abogado de la acusación se ha apoyado en las desgarradoras testimoniales de los parientes, que pintan un cuadro sombrío de abuso y sufrimiento.

A pesar de estas diferencias, tanto la Fiscalía como el abogado de la acusación han coincidido en la gravedad de los hechos. Han calificado la muerte de Warda como “lenta, dolorosa y agónica” y han coincidido en que, tras acabar con la vida de la madre, el acusado perpetró el asesinato de su hijo, quien no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Este trágico desenlace, marcado por la brutalidad, destaca la urgencia de una respuesta judicial contundente ante actos tan atroces.