PALMA, 12 de diciembre. En una lamentable tragedia que sacude a la comunidad de Baleares, el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, ha manifestado que persisten interrogantes sobre las circunstancias que rodean el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Can Pastilla, Palma. Se desconoce por qué la víctima no portaba el receptor asociado a la orden de alejamiento vigente, que debería haberse activado en presencia del agresor. Esta cuestión ya está siendo objeto de investigación.

En declaraciones a la prensa tras un emotivo minuto de silencio en memoria de la mujer y en rechazo a la violencia machista —evento organizado por la Delegación del Gobierno en Baleares—, Rodríguez enfatizó: "Lo fundamental es que hay un asesino". Su insistencia en que la atención debe centrarse en el perpetrador del crimen subraya la importancia de no desviar la responsabilidad hacia las víctimas o el sistema de protección.

El delegado también destacó que el sistema VioGén, diseñado para la protección de las víctimas de violencia de género, estaba en funcionamiento en el momento del asesinato. Sin embargo, subrayó la necesidad de investigar por qué la mujer no disponía del terminal de la orden de alejamiento y abogó por "intensificar el trabajo" en este ámbito para evitar futuras tragedias.

Es crucial recordar que la víctima, una mujer española de aproximadamente 32 años de edad, fue asesinada presuntamente por su compañero sentimental durante un incidente que ocurrió dentro de un vehículo en Can Pastilla. El presunto agresor, un hombre de 40 años de origen rumano, se encontraba en el coche junto a su pareja y su hija de dos años en el momento del ataque, que se realizó con un arma blanca. Tras el ataque, el vehículo chocó contra otro automóvil.

Luego del acto violento, el agresor intentó huir del lugar, pero fue rápidamente localizado por una patrulla de la Policía Local que había sido alertada. Actualmente, el detenido, quien contaba con una orden de alejamiento en vigor contra la difunta, permanece en las instalaciones de la policía a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de revisar y mejorar los protocolos de protección para las víctimas de violencia de género en la región.