Vox ha expresado su opinión de que la izquierda busca ocultar su historia oscura, la cual consideran marcada por la violencia, mientras que el Partido Popular (PP) sostiene que están perpetuando un único relato opositor.

Por su parte, los partidos PSIB y MÉS han criticado a Marga Prohens, presidenta del Ejecutivo, por lo que consideran un incumplimiento de sus promesas, abogando por la memoria histórica, la justicia y la reparación para las víctimas del pasado.

El 21 de octubre en Palma, el Parlament de las Islas Baleares aprobó una propuesta de ley, impulsada por Vox y respaldada por el PP, que busca derogar la actual ley de memoria y reconocimiento democráticos que rige en la comunidad.

En la sesión celebrada el martes, esta iniciativa fue debatida y se encontró con la oposición unida de los grupos de izquierda y de Llorenç Córdoba, diputado de Sa Unió de Formentera.

Ahora, la propuesta pasará por el proceso legislativo para ser finalmente votada, siempre que logre el respaldo necesario.

El contenido de la ley propone la eliminación de las comisiones y organismos creados bajo la legislación vigente, además de la paralización de procedimientos aún no concluidos, aunque se exceptúan las exhumaciones.

Este no es el primer intento de Vox de eliminar la ley de memoria; en una ocasión anterior, a finales del año pasado, el PP desestimó la propuesta a cambio de la aprobación de otros decretos importantes para la izquierda.

A finales de mayo, sin embargo, ambos partidos llegaron a un acuerdo que ponía en marcha la derogación de esta ley como parte de sus negociaciones sobre los presupuestos autonómicos para 2025.

La reciente consideración de la derogación, que se discutió en plenaria, ha llevado a la izquierda a acusar a Prohens de haber quebrantado su palabra.

Activistas de Memòria de Mallorca se manifestaron a las puertas del Parlament, mostrando su rechazo a la derogación de una ley que consideran fundamental, y siguieron el debate desde el interior de la Cámara.

Sergio Rodríguez, portavoz adjunto de Vox, abrió el debate lamentando que la ley de memoria democrática imponga un marco ideológico que él considera injusto y restrictivo, al tiempo que arremetió contra la izquierda por su supuesta manipulación de la historia.

Accusó a sus oponentes de querer ocultar su pasado y preguntó si resulta incompatible recordar a todas las víctimas de la Guerra Civil, independientemente de su bando, señalando que prosiguen con una narrativa binaria de "buenos y malos".

En la misma línea, la diputada del PP Cristina Gil argumentó que estas leyes representan una intromisión del Estado, censurando a historiadores y limitando la libertad de expresión.

Afirmó que este enfoque convierte una porción de la historia en un dogma intocable, dejando de lado la pluralidad de la verdad histórica.

Gil insistió en que su partido se mantiene firme respecto a la derogación, afirmando que solo defenderán una memoria que celebre los principios democráticos y no será utilizada como un recurso político por la izquierda.

Asimismo, acusó a la oposición de utilizar el pasado franquista para desviar la atención de problemas contemporáneos que amenazan los fundamentos constitucionales.

La diputada reiteró el compromiso del Govern por apoyar la ley de fosas, asegurando que el respeto hacia las víctimas de la Guerra Civil sigue siendo una prioridad para su partido.

Desde el PSIB, Omar Lamin defendió que la ley en cuestión refleja la esencia de la identidad colectiva de la comunidad y es vital para evitar que se repitan las tragedias del pasado.

Destacó que la ley no está fundamentada en el rencor, sino en la búsqueda de la verdad y la justicia, advirtiendo sobre el peligro de ser un pueblo que olvida su historia.

Lamin también lamentó que el Gobierno, bajo el liderazgo de Prohens, ha renunciado a sus compromisos con la izquierda en un afán por asegurar su poder, al tiempo que alertó sobre las implicaciones de anular la ley, lo que podría afectar incluso otros homenajes a las víctimas.

Así, la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, subrayó el carácter apolítico que debería tener la memoria histórica y atribuyó la responsabilidad del debate actual al PP por no haber cumplido sus promesas.

Criticó que Vox dictara condiciones Afirmando que esto representa una peligrosa sumisión ideológica que deja a un lado el respeto por la historia.

La diputada Joana Gomila, de MÉS per Menorca, también reprochó a Prohens haber quebrantado su compromiso tanto con la izquierda como con sus votantes, actuando en favor de Vox.

Destacó que esta acción es una afrenta para las víctimas y sus familias, al tiempo que enfatizaba que esto vale para el PP que prioriza su alianza ideológica sobre la justicia histórica.

José María García de Unidas Podemos, el único diputado que vistió una camiseta con el rostro de Aurora Picornell, se unió a la condena generalizada hacia el PP, enfatizando que el debate sobre la derogación pone de manifiesto la falta de ética de quienes impulsan estas iniciativas.

Finalmente, Córdoba, quien usualmente respalda al Govern, protestó contra el alineamiento del PP con Vox al tratar de derogar una ley que considera esencial para la defensa de los derechos humanos, planteando si creen realmente que esta acción mejorará la vida de alguien.