Piden una investigación sobre el sello 'Welfair' vinculado a la granja acusada de encubrimiento y fraude en Llucmajor.

PALMA, 1 de julio.
En un nuevo giro en la polémica que rodea a la granja avícola de Llucmajor, la asociación 'Stop Macrogranja Llucmajor' ha presentado una solicitud al Juzgado de Instrucción número 11 de Palma para investigar a las empresas que emitieron el controvertido certificado de bienestar animal 'Welfair'. Este movimiento se produce apenas una semana después de que la Conselleria de Agricultura decidiera cerrar una nave tras la difusión de imágenes impactantes que revelaban una situación inaceptable para los animales, que convivían rodeados de suciedad, ratas y cadáveres.
En su comunicado, la asociación vecinal enfatiza que las empresas certificadoras podrían no solo estar involucradas en prácticas engañosas, sino que además podrían estar incurriendo en delito al estafar a los consumidores baleares, quienes están pagando un precio superior por los huevos que ostentan el sello de bienestar, bajo la creencia de que estos productos son de mayor calidad.
La plataforma, que también se hace llamar 'Stop Macrogranja Llucmajor, sense olors ni mosques', ha presentado un escrito formal ante el juzgado, que ya había iniciado diligencias relacionadas con posibles delitos de maltrato animal y medioambiental, luego de que ARDE y Satya Animal hicieran públicas las inquietantes imágenes.
Dentro de su solicitud, demandan que la empresa certificadora se presente ante el tribunal para entregar toda la documentación relativa a las auditorías desde el momento en que se otorgó el certificado de bienestar. La última de estas auditorías, realizada por la entidad privada, ocurrió el 20 de mayo, solo siete días antes de que se revelaran las imágenes condenatorias y de que la Conselleria de Agricultura interviniera, imponiendo a la granja sanciones severas, que suman un total de 200.100 euros, además del cierre de una de sus instalaciones.
La denuncia expone la inconsistencia entre las acciones de la certificadora y las sanciones impuestas por la Conselleria, sugiriendo que los auditores privados podrían haber estado actuando en complicidad con la granja Avícola Son Perot, al no reportar las condiciones alarmantes que habrían observado en torno a la salud animal y las normas de bioseguridad.
Además, los denunciantes subrayan que la certificación 'Welfair' podría estar cometiendo un claro delito de estafa al colocar sus sellos en productos cuya calidad y bienestar animal real son discutibles.
En el contexto de esta denuncia, la plataforma ha citado encuestas que indican que el bienestar animal es un tema de enorme relevancia para los consumidores españoles; un 91% considera importante proteger a los animales de granja, y un 50% afirma estar dispuesto a pagar más por productos que garanticen un mayor bienestar animal.
El sello privado de 'Welfair' se fundamenta en la observación directa de los animales, evaluando su alimentación, alojamiento, salud y comportamiento, así como el cumplimiento de la legislación vigente. Sin embargo, la asociación destaca que la granja de Llucmajor tiene un historial de sanciones por no cumplir con estas normativas, incluyendo, en 2023, una multa de 150.000 euros por operar sin autorización ambiental integrada y tener un estercolero al aire libre. En 2024, la Conselleria suspendió la cría de gallinas camperas, y en 2025, se impuso una multa adicional de 200.100 euros por legajos que incluían cadáveres en descomposición y la presencia de ratas.
Los miembros de la asociación han alertado que los consumidores confían en la certificación de bienestar animal, asumiendo que los productos adquiridos provienen de condiciones superiores de tratamiento animal, lo que, de acuerdo con la situación en la granja en cuestión, no se traduce en la realidad. 'AENOR' e 'IRTA' parecen haber obtenido beneficios significativos bajo esta certificación que revela múltiples irregularidades.
La plataforma concluye que la existencia de la certificación de bienestar animal 'Welfair' puede estar llevando a los consumidores a pagar un precio más alto por productos que, según las investigaciones recientes, no cumplen con los estándares de bienestar animal superiores a los de la industria convencional.
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