PALMA, 14 de octubre. El debate en el Parlament se encendió esta semana cuando la diputada del PSIB, Pilar Carbonero, cuestionó abiertamente al conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, sobre su supuesta vinculación con intereses personales en relación a la modificación de la ley de puertos impulsada por el PP y Vox.

Durante la sesión de control al Govern, Carbonero no escatimó en críticas hacia Lafuente, quien en su defensa alegó la separación de poderes ante las acusaciones de conflicto de intereses. La diputada recordó que, después de haberse planteado estas preocupaciones, el conseller no ha proporcionado la información prometida ni ha comparecido en la Cámara para ofrecer explicaciones al respecto.

El malestar de Carbonero se intensificó al señalar que tanto el PP como Vox habían hecho lo posible para proteger a Lafuente, evitando su comparecencia, y acusó al Consell de Govern de actuar de forma opaca al dar su apoyo a la proposición de ley. “¿Usted votó para respaldar esta decisión? ¿Puede garantizar que la modificación no beneficiará a usted o a sus familiares?”, preguntó la diputada socialista, buscando clarificaciones en un tema sensible.

Por su parte, Lafuente se defendió contundentemente, argumentando que la iniciativa proviene de los grupos parlamentarios y que, en consecuencia, es fundamental respetar la separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Afirmó que esta modificación es una respuesta a solicitudes de asociaciones de clubes náuticos y de instalaciones marítimas, un hecho que, según él, el PSIB conoce bien.

“Es simple atacar y lanzar insinuaciones cuando no se tiene un plan sólido. La documentación que mencionan está a su disposición, y las asociaciones confiaron en recibir apoyo, cuando en realidad fueron malinformadas. La mayor parte de lo que solicitan ya es de dominio público”, apuntó Lafuente, mostrando su indignación ante lo que percibe como un ataque político sin fundamento.

Sin embargo, Carbonero interpretó el silencio del conseller ante sus preguntas como una aceptación tácita de las acusaciones. “La falta de respuestas claras indica un reconocimiento de culpabilidad. No solo se trata de un conflicto de intereses, sino que también ha fallado en cumplir con su promesa de transparencia”, finalizó, dejando claro su descontento con la gestión del conseller.