El director del aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, ha indicado que aunque se prevé un crecimiento en la capacidad del aeropuerto, este estará sujeto a ciertos límites que, según su experiencia, no se alcanzan en varios momentos del año.

Durante una conferencia de prensa celebrada el pasado lunes, Melgar ofreció detalles sobre el estado de las obras de remodelación del aeropuerto, las cuales están programadas para finalizar a finales de 2026. A pesar de la magnitud de la remodelación, el director ha subrayado que no implicará una ampliación en la capacidad operativa, y que los pasajeros no sufrirán grandes contratiempos antes del inicio de la próxima temporada turística.

“Queremos que quede claro que la capacidad de operaciones se mantiene. Nos adaptamos a las necesidades de los viajeros, tal como sucede con un restaurante que amplía su espacio por demanda, aunque eso no signifique que aumentemos la cantidad de clientes”, enfatizó Melgar, quien también destacó la complejidad de llevar a cabo estas reformas mientras el aeropuerto sigue operando normalmente.

Las reformas, que comenzaron a finales de 2022, están respaldadas por una inversión aproximada de 560 millones de euros. Las principales mejoras incluyen la modernización del módulo A, que contará con una nueva pasarela para llegadas y salidas, así como una conexión mejorada en el módulo D y nuevos sistemas de control de seguridad. Además, se planea la inauguración de una pasarela elevada que conectará la terminal con el aparcamiento para el próximo año.

Por otro lado, en las próximas semanas se espera que se complete una nueva dársena destinada a los autobuses de la EMT y el TIB, mejorando aún más la infraestructura del transporte en la isla.

Finalmente, Melgar admitió que, teóricamente, el aeropuerto podría aumentar su capacidad, pero sería necesario mantenerse dentro de un máximo de 66 slots (33 de salida y 33 de llegada) y 12.000 pasajeros por hora (6.000 de salida y 6.000 de llegada). Sin embargo, subrayó que en la práctica, existe una fluctuación en el uso de estas capacidades a lo largo del año, y que cualquier decisión sobre el aumento de límites de capacidad debería provenir del Gobierno, dado que se trata de una infraestructura de interés público.