PALMA, 30 de diciembre. Este año ha traído consigo importantes hitos en el panorama judicial balear, siendo el caso Koldo y la repetición del juicio con jurado popular a Pau Rigo, un anciano que realizó una defensa de su hogar en Porreres (Mallorca) causando la muerte de uno de los ladrones, los eventos que han marcado la crónica de 2024 en las Islas Baleares.

Además, el año ha visto la llegada a los estrados de otros procedimientos legales donde exfuncionarios y figuras públicas han estado involucrados. Entre ellos destaca el caso Multimedia, que culminó en un acuerdo, y el caso Calanova, que permanece a la espera de la sentencia definitiva.

Recientemente, también se resolvió el incidente donde un grupo de jóvenes marroquíes interrumpió el aeropuerto de Palma forzando un aterrizaje con el objetivo de acceder ilegalmente a España. Varios de ellos han aceptado condenas por sedición aérea y coacciones tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.

Durante el transcurso del año, otros casos resonaron con fuerza, incluyendo la condena a dos hombres por la muerte de un turista alemán tras arrojarlo de una furgoneta en movimiento en octubre de 2022. También se destacó la sentencia de 138 años de cárcel para cuatro individuos responsables de una violación grupal a una menor en un edificio okupado en Palma, conocido como la 'manada del polígono de Levante'. Asimismo, un matrimonio fue condenado por una estafa inmobiliaria que afectó a numerosas víctimas, en su mayoría de escasos recursos.

Una de las imágenes más representativas del curso político fue la silla vacía destinada a Koldo García en la comisión de investigación instaurada en el Parlament por el caso Mascarillas, una situación de posible corrupción aún bajo el escrutinio de la Audiencia Nacional.

Se esperaba que la declaración del asesor del exministro José Luis Ábalos marcara un momento significativo, pero finalmente fue cancelada, ya que Koldo decidió no presentarse en dos ocasiones.

El caso que involucra al exasesor se centra en una adquisición hecha por el anterior Gobierno, que pagó 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Esta compra fue objeto de escrutinio y disputas, pues los cubrebocas entregados no cumplieron con las especificaciones acordadas.

La eventual caducidad del expediente administrativo para recuperar el dinero pagado se convirtió en un punto de conflicto entre el PP y el PSIB. Los socialistas llevaron a juicio al director del IbSalut, Javier Ureña, por dejar caducar un expediente que puso en riesgo el dinero invertido en la compra. Mientras tanto, el nuevo equipo del IbSalut defendía la validez de su gestión. Además, el Govern inició el proceso para anular el contrato y así recuperar el dinero pagado. Sobre esta controversia persisten posibles implicaciones de la expresidenta Armengol con los involucrados en este entramado.

La comisión de investigación concluyó con unas conclusiones establecidas de manera conjunta por el PP y Vox, las cuales afirmaban la existencia de indicios sobre una supuesta trama de corrupción y que la compra se realizó al margen de las normativas establecidas por el Ministerio.

El 21 de noviembre, un jurado popular absolvió a Pau Rigo de homicidio respecto a la muerte de uno de los ladrones que irrumpieron en su hogar en Porreres en 2018. Posteriormente, se dio a conocer la sentencia que estableció tres años de prisión para los otros tres implicados en la planificación y ejecución del robo.

Al salir de la Audiencia, Pau Rigo se fundió en un abrazo con sus familiares, poniendo fin a un prolongado proceso judicial que vio su repetición tras un primer veredicto de culpabilidad. Aquella imprecisión en el resultado llevó a que se interpusieran recursos legales, resultando finalmente en su absolución y en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) de repetir la vista.

Entre noviembre y diciembre también se llevó a cabo el juicio de dos hombres acusados de matar a un turista alemán, arrojándolo de una furgoneta en plena autopista de Llucmajor en octubre de 2022. El jurado encontró culpables a ambos por siete votos a favor y dos en contra.

En septiembre, se inició nuevamente el juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de la extinta Sa Nostra, ahora enfrentando acusaciones por apropiación indebida y por llevar a la quiebra a la entidad.

La Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión para los imputados, entre ellos los exdirectores generales de Sa Nostra, Pere Josep Batle y Pablo Miguel Dols, y penaciones de dos años y seis meses para el expresidente Fernando Alzamora y el antiguo director de la División Inmobiliaria Antonio Cantallops.

Entre las noticias destacadas de la Semana Nacional, una mujer de Menorca fue acusada de yihadismo, siendo señalada por supuestas actividades de captación de individuos. "¿No quieres inmolarte conmigo?" y "En el paraíso hay muchas doncellas" fueron algunas de las frases consideradas durante la investigación.

En otra noticia relacionada con figuras influyentes, un nieto del fundador de Banca March fue sentenciado a pagar tres millones de euros por haber vendido su mansión en Mallorca en dos ocasiones.

En el ámbito político, el caso Multimedia dejó en el banquillo a excargos de gobierno como Antoni Manchado y Francisco Cano, concluyendo con acuerdos que resultaron en rebajas de penas y la evitación de prisión.

Por su parte, la Audiencia Provincial también celebró entre noviembre y diciembre el juicio del caso Calanova, donde se enjuició al exconseller de Turismo Carlos Delgado por irregularidades en la concesión de un puerto deportivo en 2013.

En un episodio que cruzó la línea entre la política y la justicia, el exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, aceptó una condena por agresión sexual, lo que resultó en su destitución tras las acusaciones.

Asimismo, la Policía Local de Palma enfrentó escándalos judiciales, como el caso en que varios de sus exfuncionarios y cargos fueron juzgados por alterar el resultado de un examen de oposición. Este proceso concluyó con el exdirector general de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Enrique Calvo, siendo condenado a nueve meses de inhabilitación, mientras que el resto de los acusados fue absuelto.

Adicionalmente, se llevaron a juicio acusaciones de sobornos entre policías locales y empresarios del ocio nocturno en Playa de Palma, aunque tanto el empresario como los funcionarios resultaron absueltos.

El año 2024 también trajo a la luz una disputa sobre la propiedad del Monasterio de Santa Isabel, que está en espera de un recurso del Obispado de Mallorca ante el Tribunal Supremo, tras la determinación de que las monjas Jerónimas son las legítimas propietarias.

Finalmente, el año concluye con el auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, junto con el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, y otros 12 implicados, en relación con el presunto amaño de contratos públicos en Maó e Ibiza dentro del caso Puertos. La Fiscalía solicita una pena de nueve años de cárcel para Gual de Torrella.