Joan Gual, expresidente de la APB, enfrenta solicitud de nueve años de prisión por caso Puertos.

En una noticia que ha sacudido la política balear, la Fiscalía Anticorrupción está exigiendo una condena de nueve años de prisión para el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella. Se le acusa de dos delitos de prevaricación, dos de fraude a la administración y cohecho en relación con adjudicaciones de explotaciones en Mahón e Ibiza en el marco del caso Puertos.

Además, el Ministerio Público está solicitando cuatro años de prisión por cooperación necesaria en la prevaricación para otras figuras clave de la APB, como el ex director Juan Carlos Plaza, el jefe de explotación Armando Parada, el ex jefe del área de gestión Fernando Berenguer y la abogada del Estado Dolores Ripoll.

La atención también se centra en el ex alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, para quien Anticorrupción está pidiendo tres años de prisión por prevaricación y fraude.

De acuerdo con el fiscal Juan Carrau, los acusados en la APB se habrían coordinado con particulares de manera continuada y permanente desde al menos el año 2015 hasta el 2020 para la adjudicación de títulos de explotación del dominio público portuario en Ibiza y en Mahón, actuando en beneficio de estos particulares en detrimento de los intereses económicos de la APB y sin cumplir con los criterios de legalidad y transparencia.

En relación con la adjudicación al Club Náutico de Ibiza, se destaca la participación de Rafael Ruiz, vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria y alcalde de la ciudad en ese momento, en este presunto concierto para favorecer a particulares.

La jueza instructora del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma dictaminó en junio que Gual de Torrella y otros acusados debían ser llevados a juicio por el presunto amaño de dos adjudicaciones públicas, marcando así un hito tras cuatro años de investigaciones en el caso Puertos.